La Asociación de Autoridades Locales de México (Aalmac) señaló ayer que con el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota Ocampo, suman casi 100 los ediles y más de mil funcionarios municipales víctimas de atentados en la pasada década, principalmente a manos del crimen organizado.

La Aalmac demandó al gobierno federal frenar esta oleada de violencia. La organización, que agrupa presidentes municipales de izquierda, ha venido denunciando que los estados con problemas más graves de violencia hacia los funcionarios de ese nivel de gobierno son Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz.

Según la asociación, muchos alcaldes enfrentan intimidación y mecanismos de presión de la delincuencia organizada, por lo cual ha hecho un llamado urgente a la Federación para el estricto control de seguridad en los municipios.

Las denuncias sobre la muerte de funcionarios locales son frecuentes. La Federación Nacional de Municipios de México, de naturaleza priísta, señaló en 2013 que como consecuencia de la estrategia de combate al crimen organizado implementada por Felipe Calderón, mil 200, entre ellos 34 alcaldes, murieron.

En ese momento, el entonces secretario general del organismo, Sergio Arredondo Olvera, acusó al panista Calderón de haber desviado con fines políticos los recursos que el Congreso autorizó para los ayuntamientos.

Tan solo en 2011 fueron 70 mil millones de pesos de programas y recursos que iban a los municipios, y se desviaron a fideicomisos que se entregaron indiscriminadamente para otros objetivos, denunció.

La dirigencia de la Aalmac ha planteado que ser alcalde es un oficio de alto riesgo. Uno de los casos que ha tomado como bandera es el asesinato del ex edil michoacano de Santa Ana Maya, Ygnacio López Mendoza, quien fue ejecutado el 7 de noviembre de 2013.

Fue ultimado días después de montar una huelga de hambre frente al Senado para exigir atención a las denuncias que hizo sobre extorsiones del crimen organizado era objeto.

Otro crimen similar es el del panista Manuel Gómez Torres, ex presidente municipal de Ayutla, Jalisco. El 3 de agosto de 2014 fue asesinado a balazos en un rancho de su propiedad.

El 4 de diciembre de 2009, el municipio de Tancítaro, Michoacán, se quedó sin autoridad municipal casi un año, luego de que su alcalde, José Trinidad Meza, el síndico y siete regidores renunciaron a sus cargos por amenazas del crimen organizado.

El Congreso michoacano nombró como edil interino a Gustavo Sánchez Cervantes, un profesor de primaria de 27 años, sin militancia partidista, pero en 2010 fue lapidado junto con el coordinador del consejo municipal, Rafael Equihua.

El alcalde panista de Tanhuato, también Michoacán, Gustavo Garibay García, recibió ocho impactos de rifle de alto poder cuando salía de su casa, el 21 de marzo de 2014. Ya había sido objeto de un atentado en octubre de 2012, pero salió ileso, y el estado le brindó seguridad personal hasta agosto del siguiente año.

Rogelio Sánchez Galán, edil electo de Jerécuaro, Guanajuato, quien pertenecía al Partido Verde Ecologista de México, fue privado de la vida el 23 de junio de este año. El líder de una célula del cártel Jalisco Nueva generación, Martín Navarro Escutia, alias El Cebollón, fue acusado y detenido por este asesinato.

Meses después, en octubre, fue hallado el cuerpo de Mario Sánchez Cuevas, presidente municipal de San Miguel El Grande, Oaxaca, después de estar desaparecido por 12 días.

Tras el asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo, el presidente de la Aalmac, Antonio Mendoza Romero, edil de Chiautempan, Tlaxcala, exigió a las autoridades federales y estatales protección para los gobiernos municipales en todo el país.

Este reprobable hecho, suscitado a escasas horas de iniciado el nuevo año, es una importante llamada de alerta que nos obliga a trabajar de manera conjunta y replantear las estrategias a fin de garantizar la gobernabilidad en nuestro país, pues de ello depende el que podamos brindar la paz y seguridad que cada uno de los mexicanos nos demanda, sostuvo.

Exigió castigo ejemplar para los responsables del crimen, y que de igual manera ninguno de los atentados en los que autoridades locales han sido las víctimas quede impune.

La dirigencia nacional del PRD también condenó el asesinato de su alcaldesa, y se sumó a las demandas de justicia. Agustín Basave, presidente nacional del partido, resaltó que Mota Ocampo era una mujer fuerte y aguerrida que al tomar posesión como alcaldesa declaró que su combate a la delincuencia iba a ser frontal y directo.

El Comité Ejecutivo Nacional del sol azteca celebró el pronto actuar del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, para la detención de dos de los presuntos delincuentes que participaron en el ataque contra la alcaldesa de Temixco.