Cuernavaca, Mor., 5 de enero.

Tres días después del asesinato de la presidenta municipal Gisela Mota, los vehículos del mando único recorren las calles de Temixco. Son camionetas con góndolas en las que viajan, armas en ristre, varios policías. Una cosa llama la atención: no tienen placas ni números. No los tienen, al menos, la que circula por la avenida 17 de Abril ni la que hace guardia cerca de la casa de la alcaldesa asesinada. Uno debe suponer que son policías porque andan uniformados. Pero, ¿qué número de patrulla se denuncia en caso de un abuso?

Estamos peor que nunca, dice Raquel, una chilanga que tiene cinco lustros como vecina de esta ciudad. No lo dice de oídas. Su familia está compuesta por un marido, tres hijos varones y sus respectivas nueras y nietos. Todos los hombres de la familia han sido detenidos por elementos del mando único.

A su esposo –arrestado porque tienes cara de sospecho, mano– lo dejaron ir cuando mostró su credencial de profesionista jubilado. A dos de los hijos les correspondieron gritos, cachetadas y amenazas. Uno de ellos llegó a su casa con los pies llagados porque los elementos de esa corporación lo dejaron sin celular, sin cartera y sin zapatos. Cuando se quiso poner al brinco le soltaron: Tenemos a tu vieja, mano, y tuvo que doblar las manos. El tercero, menos afortunado, recibió un tiro en un asalto ocurrido en su centro de trabajo hace unos meses. Estuvo a punto de morir. La empresa que padeció el robo no denunció, y aunque los policías pasaron el reporte, ninguna noticia apareció en los medios.

Los ciudadanos más corrientes que comunes, dice Raquel, no han visto mejora alguna en la seguridad desde la implantación del modelo de Mando Único. Después del recuento de lo ocurrido con su primer círculo familiar, comenta sobre sus amigos y conocidos. Tengo amigas que tienen negocios. Antes se quejaban de que debían pagar cuotas a los delincuentes, ahora algunas han tenido que cerrarlos, porque dicen que además deben pagar a los del mando único, y que ya no les alcanza.

Iguala demostró la debilidad estructural de muchos municipios en México, dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tras la tragedia del municipio guerrerense.

Montado en ese argumento, el gobierno federal ofreció la fórmula del mando único policial, que se ha topado con múltiples resistencias a escala local y, sobre todo, con una lentitud legislativa que contrasta con la velocidad con que se aprobaron cambios relacionados con los negocios energéticos o de comunicación.

Algunos gobernadores, como el que manda en esta entidad, abrazaron entusiastamente el esquema, lo hicieron bandera y comenzaron a señalar a todos los opositores de estar relacionados con el narco.

Tras el asesinato de Gisela Mota, el gobernador Graco Ramírez reavivó su pleito con Cuauhtémoc Blanco, el ex futbolista que ahora funge como alcalde de Cuernavaca.

Vía telefónica, atendió entrevistas radiofónicas en las que deslizó la especie de que algunos colaboradores de Blanco están ligados con criminales. Llegó incluso a dar nombres, cuando dijo que entre los presuntos delincuentes relacionados con el entorno del ex futbolista está Federico Figueroa, hermano de Joan Sebastian, el famoso compositor fallecido el año pasado.

Joan volverá a su amada Cuernavaca, declaró Federico Figueroa en julio del año pasado, apenas muerto su hermano. Y volvió. Los restos mortales del cantante tuvieron misa en la catedral y un paseíllo por la ciudad, acompañados de Federico, el señalado por el gobernador. Pero entonces, al parecer, el mando único no sabía nada de sus actividades fuera de la ley.

A Graco no le conviene que no haya detenidos. Ya ve, se agarró con Cuauhtémoc por lo del mando único, y ahora Cuauhtémoc lo está haciendo responsable de lo que le pase. Habla María Libia Hilario, apenas sale de los juzgados del Cereso, donde está recluida su sobrina Nora Roxanna Guzmán Hilario, acusada de pertenecer al comando que dio muerte a la presidenta municipal de Temixco.

Los Hilario viven en Alpuyeca, en la colonia 3 de Mayo. La sobrina detenida –la mujer de 32 años, según el parte oficial– tiene, además, una casita en Las Palmas, en el mismo cerro donde las autoridades hallaron, por declaraciones de los detenidos, una fosa con cuatro cadáveres.

Sus familiares dicen que Nora rentaba ese cuartito, en un lugar donde no hay agua ni luz, aunque no saben a quién ni desde cuándo. Aseguran también que Nora –madre de dos hijos– fue torturada para que se declarara culpable del ataque contra la alcaldesa. Le arrancaron cabellos, la golpearon en la boca del estómago y la obligaron a tocar la camioneta donde viajaban los otros, dice Carol Hernández, su sobrina.

El testimonio de los familiares tiene muchos huecos, pero la denuncia de tortura comparte olores con las que hace tiempo acompañan a Alberto Capella, el activista devenido secretario de Seguridad Pública de Tijuana (en su segunda vuelta de la mano de Julián Leyzaola) y ahora jefe del mando único, al lado de una docena de tijuanenses que trajo a invitación de Graco Ramírez.

María Libia, una mujer humilde que no sabe a quién recurrir (¿usted es licenciado?, pregunta a quien se le atraviesa), tiene más o menos claro el panorama de la disputa política que ocurre en Morelos.

El diputado Julio Yáñez, integrante del clan familiar que regentea el membrete denominado Partido Socialdemócrata (de registro local), ofrece una conferencia de prensa en la que se retrata a sí mismo. Corre su versión: “Los recientes acontecimientos en el municipio de Temixco (…) dio como consecuencia que este lamentable hecho fuera la justificación del titular del Ejecutivo estatal, que mediante decreto impusiera el mando único en 15 municipios, entre ellos el de Cuernavaca”.

Sigue: Muchos ciudadanos están en descontento con la implementación del mando único, la falta de diálogo del Ejecutivo con los presidentes municipales sobre la operación del mando único en su territorio ha dado como consecuencia descontento tanto en la población como en las autoridades municipales. Específicamente en el municipio de Cuernavaca, la situación y la falta de cordialidad entre el Ejecutivo estatal y el presidente municipal está ocasionando una grave desestabilización, donde los únicos perjudicados son los ciudadanos.

La arenga peleada con la sintaxis termina con una petición de diálogo. El pleito sigue en la entidad que pasó del puesto 15 en homicidios por 100 mil habitantes al cuarto lugar en 2015, cuando duplicó el promedio nacional.