La Secretaría de Gobernación (SG) entregará este año subsidios para el mejoramiento de la seguridad pública por casi 13 mil millones de pesos a las 32 entidades federativas.

De ese monto, 7 mil millones corresponden al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), cuyo objetivo es poner en marcha 17 programas de la estrategia nacional en la materia, que incluyen la aplicación de exámenes de confianza a policías, así como apoyos a los sistemas de información y los trabajos de genética forense, por mencionar algunos conceptos.

En cuanto a controles de confianza, la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) indica que de un total de 337 mil 209 elementos examinados, al corte de octubre pasado, aprobaron 291 mil 693, es decir, 45 mil 516 policías (o personal similar) no pasaron las pruebas.

Entidades como Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas reportan un nivel mínimo de reprobados.

El caso más significativo es Aguascalientes: de un universo de 3 mil 417 elementos aprobaron 3 mil 314, y de este grupo, 3 mil 75 reportaron tener evaluación vigente.

En el extremo contrario se ubican Baja California Sur, con 3 mil 216 examinados contra 2 mil 105 aprobados; Guerrero, con una relación de 9 mil 767-7 mil 208; Jalisco, con 20 mil 657-17 mil 354; Nuevo León, con 15 mil 417-12 mil 678; Sinaloa, donde se aplicaron exámenes a 8 mil 406 y sólo aprobó la mitad, así como Veracruz, con 12 mil 170 examinados contra 7 mil 715 positivos. Al último trimestre del año pasado había en el país 237 mil 585 policías aprobados con evaluación vigente.

Según este reporte, existe una capacidad en el sistema penitenciario para 175 mil 12 personas pero la población de internos suma 226 mil 892.

En cuanto a los subsidios, la entidad que recibirá más dinero por del FASP es el estado de México, con 492.2 millones, seguido del Distrito Federal, con 450 millones; Chiapas, 312 millones; Jalisco, 390.5, y Baja California, 307 millones de pesos.

Al final de esta tabla se encuentran Michoacán, con 98.1 millones, y Aguascalientes, con 105.5 millones.

Los criterios para el reparto no corresponden sólo al grado de violencia o inseguridad de cada estado y sus municipios, sino también se calcula con base en la eficacia del gasto en años anteriores; el tamaño de la población; los avances en la aplicación del nuevo sistema de justicia penal; la limpieza en sus corporaciones policiales y los resultados en el combate al crimen, entre otros factores.

Un ejemplo del uso que han dado los estados a este subsidio de la Federación es la compra (durante el periodo 2013-2015) de casi 9 mil patrullas; el estado de México es la entidad que más recursos de este tipo recibió (mil 105 vehículos), en segundo lugar, Jalisco (588); el Distrito Federal, 473, y Michoacán, 413.

El dinero también debe emplearse en la capacitación de policías; en este punto se reporta la participación de mandos policiales en diplomados sobre control de disturbios y uso legítimo de la fuerza, por mencionar algunos.

En momentos en que en el país se discute en distintos ámbitos el tema del mando único (control de la policía estatal sobre las corporaciones municipales), Gobernación definió los lineamientos para el reparto de 13 mil millones de pesos para 2016, esto es, 2 mil millones menos que lo entregado en 2015. Para este año se toma en cuenta también el subejercicio (recursos no gastados) de cada entidad.

Del resto del paquete de subsidios para seguridad pública (adicionales al FASP) las reglas de entrega serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación antes del 25 de enero.