Aunque es un primer paso para iniciar el debate, la iniciativa de ley general en materia de desapariciones, enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado en diciembre pasado, tiene lagunas y contradicciones que generan preocupación entre organizaciones de la sociedad civil y de derechos humano, las cuales denunciaron que no fueron tomados en cuenta muchas de sus propuestas.

Aseguran que en la redacción de la iniciativa se observa la intención gubernamental de seguir protegiendo a las fuerzas armadas por su participación directa o indirecta en prácticas de violaciones graves a las garantías fundamentales.

Resultado del análisis efectuado por varias de las ONG consultadas, se señala que la iniciativa de ley no cumple en su totalidad con las recomendaciones de diversas instancias y organismos internacionales, y desatiende la mayoría de las exigencias hechas por las familias de las víctimas de desaparición forzada.

Advirtieron que el Congreso no cumplió el plazo de 180 días establecido en la reforma al artículo 73 constitucional para emitir y aprobar dichas legislaciones. Dicho plazo empezó a contar el 10 de julio de 2015, fecha en que la reforma constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

En este sentido, también cuestionaron al presidente Peña Nieto por enviar las iniciativas en materia de desapariciones y de tortura el día 10 de diciembre, cinco días antes de que concluyera el periodo legislativo.

La Coordinación de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, el Comité Cerezo México y el Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero también criticaron al Senado, que tuvo tres meses para iniciar la discusión, análisis y consulta para expedir la ley y no lo hizo, con el pretexto de esperar la iniciativa presidencial, la cual llegó al cuarto para las 12, ya sin ninguna posibilidad de debatir y aprobar dicha ley.

Así, en el mejor de los casos, ambas iniciativas, de desapariciones y de tortura, empezarán a discutirse en el periodo que se inicia en febrero, aunque hasta ahora se desconoce si las comisiones dictaminadoras trabajan en la elaboración del proyecto de dictamen.

Aunque hay una larga serie de cuestionamientos a la iniciativa presidencial, se citan varios que generan enorme preocupación entre las organizaciones. De entrada, señala que en el título de esta norma –Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas– se excluya la palabra forzada, en un intento por invisibilizar y negar que la desaparición forzada en México es una política de Estado.

En otro punto, advierten que en la propuesta de crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, el gobierno pretende encajonar en un mismo registro a las víctimas de una violación grave de derechos humanos con otras personas que no son localizadas. Con ello, el Estado mexicano busca, nuevamente, ocultar la realidad y gravedad del problema en nuestro país.

Respecto a la propuesta de que este tipo de delitos no prescriban, las organizaciones señalan que de manera contradictoria un artículo transitorio marca que solo podrán aplicarse las sanciones cuando entre en vigor dicha ley. Esto impide que las familias puedan exigir que los casos que están siendo investigados bajo otros tipos penales o que ya se encuentran en curso de investigación no puedan apelar a lo establecido en la nueva ley general.