En México cada día se difunden 35 mil mensajes de odio en Internet, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Odiar a alguien no es un delito, aborrecerlo tampoco, y comunicar esos sentimientos está protegido por el derecho a la libertad de expresión en tanto no constituya una calumnia o una injuria.

De este lado del mundo está definido, pero, ¿quién controla el espacio virtual y quiénes protegen a las potenciales víctimas de extremistas, xenófobos o sicópatas que han comprendido que Internet es el paraíso donde se puede comer sin consecuencias la manzana del delirio? El cuestionamiento lo plantea Gustavo Ariel Kaufman en su libro Odium dicta: libertad de expresión y protección de grupos discriminados en Internet.

Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los discursos de odio son aquellos que incitan a la violencia –física, verbal y sicológica, entre otras–por razones sociológicas, étnicas o religiosas. También por la orientación sexual o preferencias políticas, añadió en entrevista Gisela Pérez de Acha, encargada de políticas públicas de la organización Derechos Digitales México.

Para que califiquen como tales, explicó, deben hacer convocatoria pública a la comisión de delitos o actos violentos y tener la intención de convencer a más personas de hacerlo. Por ejemplo, llamar a violar lesbianas o escupir a indígenas, como ocurrió la semana pasada en Twitter.

Entre quienes crean y dispersan esos hashtags están quienes ven esos mensajes como humor negro y por eso los replican o quienes son susceptibles de abusar de otras personas, como apunta Kaufman.

“En México hay un grave problema de feminicidios y violencia homofóbica. Algunos lo toman a broma y no ven que ayudando a viralizar esos hashtags contribuyen a normalizar ese problema. Otros en verdad creen esas ideas, por ejemplo, en las violaciones como forma de corregir a las mujeres”, consideró Joaquín Valdez Díaz, integrante de la organización Yaaj México, en favor de los derechos de la comunidad LGBTI.

Sin regulación efectiva, Internet se convertirá en un espacio de impunidad universal, sostiene Kaufman. Las redes sociales son otra forma de comunicación y se requiere un reglamento que comprenda bien el fenómeno de los discursos de odio, no legislar sacrificando el derecho a la libertad de expresión sólo para combatir frases burlonas o acoso, opinó Pérez de Acha.

El daño moral, considerado por el Código Civil federal, puede ser un arma jurídica para ir contra quienes publiquen esos planteamientos, añadió en entrevista Armando Novoa Foglio, director de la Alianza por la Seguridad en Internet. Esa organización, informó, recibe un promedio de 30 denuncias diarias, pero por esa clase de contenido viral, muy pocas. Aconsejó reportar a Twitter las cuentas que difundan el odio y denunciarlas a la policía cibernética a la cuenta @ceac_cns.