Alejandra Nuño, abogada del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHM), con sede en Chihuahua, destacó en el Senado que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) indicó en su último reporte que la principal causa de muerte de niños y menores de 17 años en Chihuahua es el homicidio y que el Comité sobre Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas manifestó al gobierno mexicano su preocupación porque “la violencia armada, el tráfico de estupefacientes y la lucha contra el crimen organizado han causado la muerte de numerosos niños, incluidas ejecuciones extrajudiciales”.

Al participar en el foro Desapariciones en México: una mirada desde los derechos de la infancia, organizado por la comisión de Derechos Humanos del Senado y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Nuño sostuvo: Las desapariciones ocurren en todo el país.

A su vez, el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava, sostuvo ante representantes de la ONU, senadores y organizaciones civiles que la comisión presentó ante el Comité de Derechos de la ONU una solicitud para que se obligue al Estado mexicano a establecer medidas de protección para evitar que el crimen organizado capte menores para actividades ilícitas, propuesta adoptada en las recomendaciones que el comité realizó al país.

Pidió a los legisladores que la ley que se elabore en materia de desaparición forzada y desaparición entre particulares favorezca la protección de los menores, considerando la situación de violencia en el país.

Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Redim, resaltó: “El crimen organizado utiliza a los menores y jóvenes para la trata de personas, en la modalidad de explotación sexual, el tráfico de drogas y como esclavos para la pizca de droga. Hemos constatado casos de esto último en la sierra de Durango.

Uno de los principales motivos por los que no se busca a niñas, niños y adolescentes desaparecidos es porque las instituciones consideran a los menores como responsabilidad de los padres, y el hecho de que no estén los niños con ellos lo toman como responsabilidad de éstos y no del Estado. Por lo tanto, asume que quien debe buscar a los menores es la familia.