En la reforma constitucional de transparencia, el Congreso obvió un elemento central para su instrumentación: no dispuso obligatoriamente a los estados canalizar una partida para financiar la operación de los órganos garantes bajo las nuevas reglas, ni estableció que las dependencias (sujetos obligados) de los tres niveles de gobierno y los tres poderes, asignarán presupuesto para enfrentar las nuevas demandas, sostuvo el comisionado del Info DF, Alejandro Torres.

Aunque el objetivo central de la reforma era emparejar el piso a nivel estatal para que el acceso a la información se registrara en los mismos términos, al menos el comienzo, en materia presupuestal, dista de poder lograrlo. La asignación per cápita de los estados en 2016 evidencia contrastantes condiciones de operación: mientras Puebla y Chiapas canalizaron partidas exiguas (2.11 y 2.82 pesos cada una), en Campeche se destinaron casi 10 veces más, 20.67 pesos por habitante.

En la actualidad, el promedio nacional es de 8.37 pesos per cápita, cifra que, para el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Óscar Guerra, aún es insuficiente para las nuevas tareas que los órganos garantes asumirán a partir de mayo, con la entrada en vigor de la reforma. A ello habrá de añadirse que en los próximos meses el Congreso deberá concretar la aprobación de leyes generales para la protección de datos personales y en mate-ria de conservación de archivos.

Guerra destacó que el objetivo del Sistema Nacional de Transparencia es que la asignación per cápita en cada entidad sea al menos de 10 pesos. Hoy, sólo nueve entidades están por arriba del objetivo: Aguascalienes (16.29 pesos), Campeche (20.67), Chihuahua (11.69), Coahuila (14.61), Quintana Roo (16.21), Tabasco (11.65), Yucatán (12.31) y Zacatecas (10.54).

Entidades como Puebla o Chiapas deberán cuadruplicar sus partidas para alcanzar la meta. En términos absolutos, la Ciudad de México, con 128.8 millones de pesos, y el estado de México, con 103 millones, son las entidades que mayores partidas canalizan (aunque en este último caso, el gasto per cápita es apenas de 5.86 pesos). En contraste, Colima con 6.3 millones de pesos, Baja California Sur con 6.7 y Nayarit con 7.8 millones de pesos son los presupuestos más bajos.

El conjunto de los órganos garantes ejercerán 876.8 millones de pesos, cifra inferior a los 937 millones que el Congreso le otorgó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para que instrumente la reforma.

Para Torres es en este ámbito donde la reforma tendrá complicaciones para transitar. El Congreso que aprobó la construcción del sistema no consideró la obligación de los actores involucrados de asegurar el financiamiento para su instrumentación, lo que pondrá en riesgo la viabilidad de la reforma en algunas entidades en donde, ya desde ahora, los órganos garantes enfrentan restricciones financieras que les han obligado a recortar personal para sacar adelante los gastos de la nómina.

Aunque el peso central del financiamiento de la nueva Plataforma Nacional de Transparencia lo asumirá el Inai, dijo Torres, los órganos garantes, tendrían que realizar inversiones en equipo para mantener el respaldo de la información de sus entidades.

Está claro que la PNT concentrará toda la información nacional, estatal y municipal de los más de 6 mil sujetos obligados, pero, por ejemplo, en la Ciudad de México el Info DF tiene la pretensión de mantener el respaldo de su propia información porque es la historia de la transparencia de la capital y se consideró imprescindible preservar la que se tiene hasta ahora y la que se genere en adelante.