n su reporte sobre el análisis de la cuenta pública del ejercicio 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) cumplieron con el objetivo de utilizar los resultados de las evaluaciones de la calidad de la educación básica –que involucró a alumnos, docentes y escuelas– para la toma de decisiones, la definición de directrices y programas del sector. A mayor abundamiento, el organismo fiscalizador pone en relieve que esa omisión de las autoridades educativas impidió hacer visibles, al corto y mediano plazos, las mejoras en la calidad de la enseñanza pública.
Cabe recordar que a decir de los promotores de dicha reforma, la evaluación docente representaría la piedra de toque y la brújula a partir de la cual se definirían las acciones de política pública que contribuirían a elevar la calidad de la enseñanza. Sin embargo, a juzgar por los hallazgos de la ASF, puede concluirse que la conducción educativa del país se ha llevado a cabo, durante los últimos dos años, con los instrumentos de navegación alterados.
La falta de vinculación entre el mecanismo estelar de la reforma mencionada y la realidad se cristaliza, entre otras, en inconsistencias como el hecho de que el INEE ha publicado una docena de documentos normativos y criterios para llevar a cabo el proceso de ingreso y promoción al Servicio Profesional Docente, pero no ha expedido los correspondientes a los procesos de reconocimiento y permanencia
en ese sistema, de acuerdo con la entidad fiscalizadora dependiente de la Cámara de Diputados.
Se trata, en suma, del más reciente revés a un modelo de evaluación que no sólo se ha revelado por su carácter punitivo y por introducir de contrabando criterios administrativos y laborales en una pretendida política educativa; ahora también se evidencia que las autoridades encargadas de implementarlo –y defenderlo públicamente– no se han valido del mismo para definir acciones concretas.
Por lo demás, la andanada de críticas contra la evaluación docente no se ha detenido prácticamente desde que fue aprobada en 2013 por la coalición parlamentaria de facto conocida como Pacto por México (PRI-PAN-PRD). El pasado jueves, mediante una carta firmada por más de 7 mil académicos y maestros, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa pidió al titular de Educación Pública, Aurelio Nuño, modificar el rumbo de la evaluación docente, por considerar que ese instrumento además de tener un carácter punitivo
es imperfecto y poco confiable
.
Frente a estos señalamientos parece incomprensible el empeño de las autoridades por mantener adelante el anuncio, programado para mañana, de los resultados de la evaluación docente efectuada en el último bimestre del año pasado. En particular, cuando los académicos y las propias instancias fiscalizadoras han arrojado puntos criticables e inconsistencias de la evaluación docente. El anuncio de que se difundirán resultados el lunes pierde la relevancia estrictamente educativa y se convierte, en cambio, en un factor de intranquilidad, zozobra y un amago político para miles de maestros y maestras. Es imperativo cuestionar sobre qué argumentos se intentarán justificar los despidos o sanciones que se deriven de ese proceso de evaluación, cuando el mecanismo en general adolece de fisuras, errores de diseño, falta de credibilidad entre la comunidad académica y descrédito en el mundo docente.
Es deseable y necesario que los funcionarios responsables de aplicar los aspectos centrales de la reforma educativa se concentren en aclarar y resolver los puntos oscuros de la misma antes que en insistir en su avance. Por lo demás, llama la atención que los membretes empresariales que lanzaron y mantienen las campañas de linchamiento contra los grupos de docentes que se movilizan desde hace años para oponerse a la reforma mencionada omitan criticar también las enormes falencias de ésta. Tal actitud no es, desde luego, congruente con el pretendido interés en elevar la calidad de la educación en el país.
