n su informe anual sobre México, difundido ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que nuestro país pasa por una una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años, debida en buena parte a la guerra contra el narcotráfico impulsada por la pasada administración calderonista –que no ha experimentado cambios sustanciales en la presente administración– y por el reforzamiento de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo cual ha desatado aún mayor violencia, así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas. Sobre el crimen perpetrado en Iguala el 26 de septiembre de 2014, en el que fueron asesinadas seis personas y a raíz del cual 43 estudiantes normalistas continúan desaparecidos, el organismo internacional afirmó que es un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado, y subrayó que es muestra de las graves deficiencias de las investigaciones en este tipo de casos, como la impunidad estructural y casi absoluta en los crímenes que tienen lugar en el país.

En cuanto a las medidas del actual gobierno para enfrentar esa crisis, la CIDH las consideró deficientes e insuficientes y señaló que existe una profunda brecha entre las instituciones legislativas y judiciales y la realidad que padecen millones de personas.

La respuesta oficial, emitida por medio de un comunicado de prensa, se limitó a descalificar el informe con el argumento de un sesgo de su metodología inicial y a enumerar las acciones adoptadas para hacer frente a la situación. El documento de la CIDH, a decir del gobierno mexicano, no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, ignora los avances y deja de lado la numerosa información que el Estado mexicano le entregó.

El encontronazo gubernamental con la instancia hemisférica de derechos humanos es, sin duda, preocupante por cuanto agudiza el creciente descrédito internacional del régimen, agravado por numerosos señalamientos negativos en materia de corrupción y violaciones a las garantías básicas. Pero la colisión más grave no es con la CIDH, sino con la realidad.

Aun dejando de lado episodios tan agraviantes como el de Iguala –en el que fuerzas del Estado, coludidas con la delincuencia organizada, asesinaron y desaparecieron a decenas de personas–, el de Tlatlaya –en el que hay indicios sólidos de ejecuciones extrajudiciales por elementos del Ejército– y otros muchos casos emblemáticos del deterioro del estado de derecho en el país, el hecho es que las cifras oficiales registran más de 48 mil homicidios dolosos en los primeros tres años del actual sexenio, además de miles de desapariciones forzadas, en lo que constituye un saldo equiparable e incluso superior al de la estrategia de seguridad pública del calderonato.

Lo anterior implica que el gobierno sigue siendo omiso en su responsabilidad fundamental y prioritaria, que es preservar la paz pública, brindar seguridad a los habitantes y garantizar su derecho a la vida. Si a esa falta inexcusable se agrega el conjunto de atropellos y agresiones de que ha sido víctima la población civil por servidores y funcionarios públicos, así como la persistente impunidad como saldo de un mal ejercicio de procuración, resulta difícil negar que el país atraviesa por una crisis gravísima de derechos humanos y por una falla sistémica de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia.

El primer paso para resolver los problemas consiste en admitir su existencia. Resulta desalentadora, por ello, la negativa oficial a un diagnóstico que refleja de manera precisa la exasperante realidad que sufren millones de personas en el territorio nacional.