l gobierno federal y las autoridades de la Ciudad de México se han trenzado en una polémica en torno al destino que habría de darse a los terrenos en los que se ubica el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) una vez que se construya la terminal aérea que vendría a sustituirlo. El pasado 2 de marzo el jefe del Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, señaló que corresponde a éste determinar el uso del suelo y el plan de desarrollo correspondiente.

lgo muy grave está ocurriendo en las relaciones entre algunas empresas y sus sindicatos y en la política laboral del gobierno actual, sin que se perciba, al menos en público, que se está en los terrenos de una aguda crisis. Tal parece que los funcionarios encargados de tutelar los derechos de los trabajadores, según el mandato constitucional surgido en 1917, que sigue vigente aunque le pese a quienes lo cuestionan, están volteados y entregados para defender a todo trance los intereses de los empresarios. Una de las más graves expresiones de esta conducta es cuando la autoridad laboral niega la vigencia del derecho constitucional a la huelga, que no sólo es de México sino una garantía universal, plasmada incluso en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical, que el gobierno mexicano tiene firmado hace más de 60 años.

e ha puesto de moda dejar de hablar del imperialismo, como si fuera una categoría del pasado. Mucha gente parece creer que la globalización de la economía ha sustituido al imperialismo y no que se trata de una nueva cara de éste. Para algunos líderes de opinión la globalización que vivimos en la actualidad es una expresión nueva del capitalismo, pero otros autores muy serios afirman lo contrario: que se trata de un fenómeno ya viejo y que de hecho la internacionalización económica del presente es, en ciertos aspectos, menos abierta e integrada que durante 1870 a 1914 (Paul Hirst y Grahame Thompson, Globalization in question). Estos autores añadieron que la economía mundial está lejos de ser genuinamente global, ya que el comercio, las inversiones y los flujos financieros están concentrados en la triada Europa, Japón y Estados Unidos, permitiendo que estos países tengan la capacidad, especialmente si ellos coordinan sus políticas, de ejercer fuertes presiones de gobierno sobre los mercados financieros y otras tendencias económicas. La cuestión más novedosa del imperialismo en su cara actual es que las empresas multinacionales tienen una nueva autonomía en relación con los estados; es decir, que el dominio de intervención y los intereses económicos de los grandes grupos empresariales no coinciden más, necesariamente, con los de su Estado de origen, salvo en Japón, Europa (sobre todo Alemania) y Estados Unidos. Sin embargo, las más grandes firmas mundiales continúan apoyándose sobre una base nacional de origen, razón por la cual varios países europeos encuentran problemas de competencia y de acumulación interna en la dificultad de hacer surgir grandes grupos de capital.

demás de México, los mayores damnificados por el desplome de los precios del petróleo, vertical a principios de año, y por los bruscos altibajos de las siguientes semanas, han sido Venezuela, Rusia y, en medida diferente, Arabia Saudita. No se cierra con estos cuatro exportadores la nómina de víctimas. Habría que agregar a otros productores: los estadunidenses de crudo no convencional, los británicos del Mar del Norte, los de aguas profundas y, en general, todos los de alto costo, superior a 40 o 50 dólares por barril. A uno de los cuatro primeros se atribuye la estrategia de provocar el exceso de oferta y la consecuente caída de precios, a fin –se dice– de expulsar del mercado a productores de alto costo y dejar de perder participación frente a ellos. La llamada estrategia saudita, aplicada ya por año y medio, parece haber ido demasiado lejos: los precios cayeron demasiado y por más tiempo. Parece llegado el momento de cambiar de rumbo.

l cobarde asesinato de la líder indígena y campesina Berta Cáceres mientras dormía en su hogar de La Esperanza, Honduras, muestra claramente que en ese país no hay democracia ni estado de derecho y, a la vez, una realidad que cada vez se extiende más en nuestra región. Esta es la de la segunda conquista de América Latina y el Caribe por las grandes potencias, a través de las empresas trasnacionales y del llamado crimen organizado que son apoyadas por los estados en sus planes expansionistas de creciente y acelerado despojo y depredación de los recursos y riquezas naturales. Todo ello mediante la represión, el despojo de sus tierras y aguas a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Las empresas corrompen autoridades locales, regionales y nacionales, que cuando los líderes de los pueblos en lucha no se doblegan los meten en la cárcel o los asesinan.