La Procuraduría General de la República (PGR) deberá dar a conocer el número de casos de tortura que ha recibido la unidad especializada en investigar ese delito, desde la fecha en que se creó esa instancia –en octubre de 2015– al 13 de enero de este año, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

La comisionada ponente, María Patricia Kurczyn Villalobos, afirmó que la situación que guarda la práctica de la tortura en el país sigue siendo un desafío para todas las autoridades, de acuerdo con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dado a conocer en diciembre pasado, titulado: Derechos humanos en México.

La funcionaria hizo notar que las cifras del Estado mexicano reportan que la PGR tenía, al mes de abril de 2015, 2 mil 240 investigaciones en trámite y sólo 15 sentencias condenatorias a escala federal por este delito, por lo que es necesario que la sociedad conozca con precisión el número de indagatorias que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad ha remitido a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura.

Esto, dado que la procuraduría había señalado que le era imposible proporcionar la información estadística requerida, al responder a un particular que solicitó ese y otros datos.

Cabe referir que ante la solicitud de información del particular, la PGR dio a conocer sólo el registro de la Visitaduría General, en el cual se establece que hay 86 indagatorias (38 averiguaciones previas y 48 actas circunstanciadas) iniciadas a partir de octubre de 2015. También expuso que en 78 casos la denuncia se interpuso contra quien resultara responsable, y en ocho indagatorias se denunció a 16 servidores públicos federales, 11 señalados como posibles elementos de la Policía Federal Ministerial.

Sin embargo, la dependencia argumentó que aún no tiene los datos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos ni de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, porque, de conformidad con el acuerdo A/101/2015, los plazos con los que cuentan dichas áreas para entregar las indagatorias por la probable comisión del delito de tortura siguen vigentes.

No obstante, el particular se inconformó ante el Inai, y en alegatos la dependencia reiteró que le era imposible proporcionar la información estadística requerida, ya que aún no se remiten todos los expedientes a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura.

De esta forma, el pleno del Inai modificó la respuesta de la PGR y le instruyó “hacer una búsqueda exhaustiva de la información en todas las unidades administrativas competentes, a fin de que proporcione al particular el número de casos de tortura que se han recibido. Ello permitirá valorar el desempeño de esta instancia y contar con información que permita apreciar los esfuerzos del Estado mexicano, que desde luego no dudamos que se están haciendo, para combatir este delito, sostuvo la comisionada Kurczyn Villalobos.