A Óscar Chávez

aestro. / Muchas felicidades por tu cumpleaños, / y por toda tu extraordinaria trayectoria artística. / Con mi admiración. / Y mi agradecimiento. / ¡Un abrazo!

pareció ya la primera y contundente admisión oficial respecto de la profunda fragilidad de la reforma de la educación en curso. Existe, dice el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el “riesgo de que la reforma no pueda continuar… un precandidato ha dicho… que la echaría abajo” ( La Jornada, 15/3/16, p. 3), en referencia evidente a López Obrador. Ya en junio de 2015 una evaluación tuvo que ser suspendida porque las protestas en torno a ella interferirían con las elecciones en varias entidades federativas, y el episodio echó abajo al entonces secretario Emilio Chuayffet. Pero ahora la situación es mucho más grave. Se trata de toda la reforma, como informa Aurelio Nuño, actual encargado del sector. Las cúpulas que dirigen al país saben muy bien que el problema no es que un precandidato haga una declaración contra la reforma. No, el punto es que gracias, precisamente, a que durante años los maestros han construido una resistencia organizada nacional inimaginable hasta hace apenas un decenio, si un candidato la reconoce genuinamente y retoma su demanda, puede ganar la Presidencia. Aun en términos sólo cuantitativos es posible estimar que un millón (de los más de un millón y medio) de maestros inconformes votaría en contra de una desprestigiada reforma y su evaluación. Habría que sumar luego a sus familias, amigos, padres de familia, organizaciones solidarias…, que pueden multiplicar esa cantidad. No es impensable, entonces, que haya condiciones de echar abajo la reforma, como anticipa la SEP, o más bien, como piensan muchos maestros, que exista la posibilidad de construir con la SEP una alternativa de reforma de la educación (y de evaluación) junto con el magisterio, comunidades, barrios y sectores sociales.

l Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, iniciativa conformada por la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura, con el objetivo de prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra defensores de derechos humanos, presentó el pasado 25 de febrero el informe La criminalización de defensores de derechos humanos en contextos de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina. El escrito toma de referencia casos concretos de activistas criminalizados en el contexto de la extracción de recursos naturales y megaproyectos en ocho países latinoamericanos: Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú. Documenta lo ocurrido a personas y comunidades, muchas de ellas campesinas o indígenas, que defienden sus derechos relacionados con la tierra y el territorio, y evidencian un patrón similar y recurrente en el uso indebido del derecho penal como forma de hostigamiento e intimidación contra las y los defensores.

uando el ex presidente Jimmy Carter viajó a La Habana, en mayo de 2002, asistió a un juego de beisbol de estrellas cubanas. Pasando sobre las objeciones de sus agentes del Servicio Secreto, Carter se unió a Fidel Castro en el montículo, sin aparato de seguridad, para lanzar la primera bola. Al mandar a la banca a su equipo de seguridad, Carter demostró respeto público por sus anfitriones y confianza en la normalidad que habían alcanzado las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.