oco después de la medianoche del jueves 3 de marzo, Berta Cáceres, lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y ganadora del Premio Ambiental Goldman 2015, fue asesinada por hombres armados en el domicilio de su hermano.

Berta Cáceres era una mujer de especial valentía y principios. Encabezó la resistencia contra la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en el río Gualcarque, que supuestamente se está construyendo sin el consentimiento de las comunidades indígenas afectadas y amenaza con interrumpir su forma de vida y acceso al agua.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado medidas de protección a la señora Cáceres, que trabajaba muy de cerca con mi oficina.

Menos de dos semanas más tarde, el pasado 15 de marzo, Nelson García, otro miembro de Copinh, fue asesinado por hombres desconocidos después de un desalojo forzoso llevado a cabo por fuerzas de seguridad en la comunidad indígena lenca de Río Chiquito.

Los asesinatos de Cáceres y de García son sólo los más recientes en una serie de muertes violentas de defensores de los derechos humanos relacionados con conflictos de tierras y proyectos de desarrollo en Honduras.

Éstos y otros asesinatos que se han producido en Honduras han generado una condena global, y con razón. Sin duda alguna recae sobre el gobierno la responsabilidad principal de investigar los hechos y llevar a todos los autores de esos crímenes ante la justicia y controlar los procesos de desarrollo que se llevan a cabo en el país.

Honduras es, supuestamente, el país más peligroso para ser activista del medio ambiente. El gobierno debe hacer todo lo posible para romper el círculo vicioso de violencia e impunidad.

Pero los financiadores internacionales de proyectos de desarrollo también tienen responsabilidades en materia de derechos humanos.

La represa de Agua Zarca está financiada por el banco nacional de desarrollo holandés FMO, el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (Finnfund) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entre otros.

FMO y Finnfund se han comprometido formalmente a respetar los derechos humanos en relación con los proyectos que financian. Ambas instituciones han condenado públicamente el asesinato de la señora Cáceres y han demandado una investigación a fondo. Ambas han ofrecido también información pública sobre su contribución y futuras acciones en relación con el proyecto. Y el 16 de marzo, a raíz de las informaciones sobre el asesinato de Nelson García, FMO decidió suspender todas sus actividades en Honduras, pendiente de realizar consultas con las comunidades aledañas a la represa de Agua Zarca y llevar a cabo una investigación sobre todos los proyectos que apoya en el país.

Sin perjuicio de que las informaciones aportadas por FMO y Finnfund deban ser verificadas, su actuación representa lo mínimo que cabría esperarse de una institución financiera en una situación como esta. Me gustaría instar al BCIE y al resto de las entidades que apoyan el proyecto a que hagan lo mismo; también a que todos los bancos de desarrollo lleven a cabo revisiones de riesgo de violaciones de derechos humanos en Honduras y exijan debida diligencia en términos de derechos humanos para el desarrollo de nuevos proyectos.

La producción de aceite de palma ha sido otra de las principales causas de conflicto social en Honduras.

El 23 de septiembre de 2012, Antonio Trejo, abogado del movimiento campesino que lucha contra la usurpación de tierras para plantaciones de palma africana, fue asesinado a tiros cuando salía de una iglesia en la que asistía a una boda.

Al igual que en el caso de la señora Cáceres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado al señor Trejo medidas de protección, sin ningún resultado.

Sólo durante el periodo 2012-2014 se reportaron 64 supuestos asesinatos de miembros del movimiento campesino y defensores de derechos humanos en la zona del Bajo Aguán. Tenían en común haberse opuesto a las inversiones en el sector agroindustrial, respaldadas por la Corporación Financiera Internacional, el Banco Alemán de Desarrollo y otros financistas.

Los mecanismos de derechos humanos de la ONU habían llamado la atención sobre el conflicto de tierras en el Bajo Aguán durante el periodo previo a la inversión realizada por estas instituciones. Algunos de éstos han intentado tomar medidas correctivas con posterioridad, pero el remedio no sustituye la prevención.

Este tipo de problemas no son exclusivos de Honduras. El espacio de la sociedad civil se ve amenazado por todas partes. Se han reportado violaciones de los derechos humanos y de dejación de la diligencia debida en el marco de proyectos de inversión apoyados por bancos de desarrollo en países como Serbia, Paraguay, Uzbekistán, Etiopía, Kenia, Camboya, Laos y Panamá, por citar sólo algunos ejemplos recientes.

¿Cómo podrían anticiparse y evitarse los riesgos para los derechos humanos?

El punto de partida debería ser un conjunto de políticas de salvaguardia ambiental y social que establezcan claras exigencias en relación con la diligencia debida que corresponde a las instituciones financieras. Estas políticas de salvaguardia deberían basarse en el compromiso explícito del prestamista de respetar las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas, así como de poner en práctica todas las medidas que sean necesarias para evitar que los proyectos que financian puedan llevar a sus prestatarios a incumplir sus obligaciones internacionales de ámbito social, ambiental o de derechos humanos.

Si el compromiso de respetar los derechos humanos no es claro y explícito, y si no se establecen claramente cuáles son las consecuencias de este compromiso para las operaciones de estas instituciones, éstas nunca podrán evaluar y gestionar los riesgos sociales y ambientales adecuadamente. La calificación del riesgo del proyecto no será correcta, no se realizarán los análisis pertinentes, no se llevarán a cabo consultas con las personas indicadas y las medidas correctivas serán insuficientes o se pondrán en marcha demasiado tarde, hacia el final del ciclo del proyecto, cuando la influencia del prestamista ya es mínima.

En los últimos años, los principales bancos multilaterales de desarrollo han adoptado o puesto al día sus políticas de salvaguardia social y ambiental, y varias de estas políticas incluyen compromisos de respetar los derechos humanos. Ochenta y tres bancos de todo el mundo se han adherido a los Principios de Ecuador como medio para gestionar los riesgos sociales, principios que incluyen también un compromiso expreso con los derechos humanos.

No hay forma de traer de vuelta a Berta Cáceres, a Nelson García o a Antonio Trejo, o a los muchos otros que han muerto en la defensa de los más débiles.

El Estado es el principal responsable de los derechos humanos y debe rendir cuentas. Pero al menos los que financian proyectos de desarrollo deberán demostrar que toman en serio los riesgos para los derechos humanos y que simplemente no son parte del problema.

* Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos