Preocupados por la aprobación de la llamada ley Atenco en el estado de México, que avala el uso de la fuerza letal en manifestaciones de protesta, organizaciones de la sociedad civil y centros de derechos humanos advirtieron del riesgo de que otras entidades la reproduzcan, en detrimento del respeto a las garantías individuales y al derecho a la libre manifestación.

Colectivos sociales agrupados en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, denunciaron que la aprobación de esta norma el pasado jueves por el Congreso del estado de México abre la puerta al uso arbitrario de la fuerza por las autoridades. Además, advirtieron que dicha ley se une a otras que en diferentes estados del país han intentado eliminar el descontento con las políticas de las autoridades y su falta de capacidad para abordar los problemas de la sociedad por medios diferentes a la represión.

El frente, integrado por Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro ProDH, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, Servicios y Asesoría para la Paz, y la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, advirtió que esta ley podría tener el incentivo perverso de generar incidentes violentos durante las manifestaciones para legitimar la represión policial.

Señalaron que contiene numerosas deficiencias, entre ellas falta de definiciones precisas, ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, inclusión de causales de uso de la fuerza excesivamente amplias, ausencia de perspectiva de género y falta de persecución efectiva de la tortura sexual, entre otras.

Añadieron que esta ley contraviene los estándares internacionales al señalar que el que el uso de la fuerza sea el último recurso no significa que no podrá usarse como primera opción.