La iniciativa que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Senado para transferir las capitanías de puerto a la Secretaría de Marina (Semar); de ninguna manera significa militarizar los puertos, aseveró ayer José Luis Arellano Ruiz, vicealmirante diplomado del Estado Mayor y coordinador general de protección portuaria e instalaciones estratégicas de la Semar.

Explicó que por decreto, en 1976 se transfirieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) las capitanías, cuyas atribuciones tenía la Marina.

En entrevista, Arellano Ruiz destaca que después de dos años de que encargaron a la Semar la administración de los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, donde había gran injerencia del crimen organizado, incluso había mucho contrabando de hierro; el Ejecutivo pidió el corte de caja, es decir, cuál había sido el beneficio de que elementos castrenses administraran esos puertos.

Los resultados, afirmó, fueron más que satisfactorios. En dos años se relevaron los funcionarios de dichos puertos. En el de Lázaro Cárdenas aumentó más de 30 por ciento el desplazamiento de mercancía y más de 10 por ciento los buques atracados, mientras en Manzanillo la recaudación fiscal –según datos de la Secretaría de Hacienda– fue de más de 57 por ciento.

En TEU (medida de movimiento de contenedores) subió 10 por ciento, en ingresos de buques más de 7 por ciento y la mercancía que transitó creció más de 37 por ciento.

Con esos resultados del corte de caja, el Ejecutivo vio las bondades de tener un administrador y un capitán de puerto que pertenezcan a la Secretaría de Marina.

Pero esto no es novedoso; entre 90 y 95 por ciento de la autoridad portuaria del mundo está concentrada en un solo ente para evitar ambigüedades, destacó Arellano Ruiz. En América Latina, dijo, en Chile, Uruguay, Brasil y Colombia las capitanías las dirige personal castrense, mientras en México hay 103 en ambos litorales y en interiores.

Ante los señalamientos de que se van a militarizar los puertos, aseguró que eso no va a ocurrir. Las capitanías van a seguir operando como hacen actualmente, la diferencia es que ejercerán la autoridad con mayores recursos, se hace uso de la policía marítima y de buques en beneficio de la seguridad, y tampoco implicará aumento de presupuesto, ya que se transferirán los recursos que tenía asignados la SCT para las capitanías.

Asimismo, subrayó, tampoco implicará abultamiento de personal: las mil 130 personas que actualmente pertenecen a la SCT y están adscritas a las capitanías pasarán a la Secretaría de Marina. De éstas, dijo, “80 por ciento es personal sindicalizado y 20 por ciento de confianza, y no van a tener ningún problema. En el caso de sindicalizados, la Semar tiene también su gremio, ya que cuenta con personal civil, y si esos trabajadores quieren afiliarse, está bien, y si prefieren quedarse en el sindicato de la SCT, no hay ningún problema.

Queremos recuperar las atribuciones que teníamos antes de 1976 para hacer cumplir los ordenamientos nacionales e internacionales en la materia, explicó.

Por ejemplo, dijo, hoy inspeccionamos 4 por ciento de buques y barcos, y no sancionamos a ninguno debido a la falta de personal y de capacidad de la capitanía, por ello es necesario contar con estas atribuciones.

Con esta reforma, el Ejecutivo propone que las facultades que tiene la SCT sean devueltas a la Secretaría de Marina.