A cuatro semanas de haber entrado en vigor el sistema de justicia penal, oral y adversarial para delitos federales en la Ciudad de México, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha llevado ante los jueces de control cuatro casos, y hasta ahora ninguno de los detenidos ha obtenido la libertad provisional.

En teoría, el nuevo sistema penal, reformado en 2008, procura a nivel constitucional que la prisión preventiva sea una excepción, no la regla general.

Sin embargo, en los casos consignados por el Misterio Público Federal en semanas recientes se ha negado a los imputados el derecho a la libertad durante el desarrollo de su juicio.

Del 29 de febrero a la fecha, la PGR ha presentado cuatro casos ante los Centros de Justicia Penal Federal (CJPF) y puesto a disposición a cuatro inculpados, dos por robo de hidrocarburos, uno por delitos contra la salud y otro por portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

De los delitos mencionados, sólo aquellos que son contra la salud están previstos en el catálogo de prisión preventiva de oficio; no obstante, los jueces también negaron en los otros asuntos la libertad provisional a los inculpados, alegando que existen riesgos de que se evadan de la acción de la justicia.

El Código Nacional de Procedimientos Penales señala nuevas reglas para llevar los procesos penales, y en teoría amplía las posibilidades de que una persona acusada de un delito no incluido en un catálogo específico pueda enfrentar en libertad su proceso.