En la recta final del segundo mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se intensifica una campaña de desprestigio y descalificación en contra de varios de sus integrantes, funcionarios de la Organización de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de reconocidos activistas nacionales que han denunciado la severa crisis por la que atraviesa el país en materia de derechos humanos.

La intensa y amplia operación de desprestigio iniciada por varios actores privados, en la que incluso un sector gubernamental ha participado de manera activa y también omisa, ha obligado a diversos organismos e instancias internacionales a salir al paso.

Junto con el respaldo al trabajo de los defensores civiles, también han exigido al presidente Enrique Peña Nieto condenar estos actos de desacreditación y difamación. Esta exigencia ha tenido apenas una tibia respuesta gubernamental.

Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Juan Carlos Gutiérrez, de Ideas Litigio Estratégico de Derechos Humanos, y José Antonio Lara, del Centro Zeferino Ladrillero, consideran que esta campaña podría arreciar en las próximas semanas rumbo al próximo 30 de abril, fecha en que concluye el segundo mandato del GIEI, que presentará su informe final sobre las investigaciones del caso Iguala.

Este clima adverso y de cuestionamientos en contra del GIEI podría ser utilizado por el gobierno federal para decidir ya no renovar su mandato, estimó el investigador Édgar Cortez.

En sus análisis, todos ellos destacan que esta campaña comenzó en septiembre pasado, cuando en su informe del primer mandato, el grupo de expertos de la CIDH echó abajo la llamada verdad histórica de que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos habían sido ejecutados y sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula.

A ello se ha sumado la insistencia de querer entrevistar a los militares que estuvieron en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, días en que ocurrieron los ataques a los jóvenes.

En esta campaña de descalificación participan personajes ligados a los sectores más conservadores del espectro político, en donde aparecen de manera visible Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, y el abogado José Antonio Ortega, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, en cuyo blog concentra estas expresiones.

En días recientes, este último personaje interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal en contra del secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, por el delito de fraude.

Además, exige al gobierno mexicano poner fin al trabajo de coadyuvancia del GIEI, bajo el argumento de que ha desviado el trabajo realizado por la PGR en las investigaciones del caso Iguala.

Pero las descalificaciones también han sido para funcionarios de Naciones Unidas. Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ha expresado su inconformidad por los virulentos ataques personales contra el relator especial contra la tortura, Juan Méndez, quien fue calificado de poco profesional y poco ético por el gobierno mexicano, debido a que en su último informe señaló que la tortura es una práctica generalizada en el país.

En tanto, los ataques al GIEI se han centrado principalmente contra la guatemalteca Claudia Paz y la colombiana Ángela Buitrago, las dos mujeres integrantes. Incluso, la CIDH se vio obligada a expresar públicamente su respaldo total, absoluto e incondicional al grupo de expertos, ante el silencio del gobierno mexicano.

Pero los ataques han alcanzado también a activistas nacionales. Miranda de Wallace acusó al relator de la ONU Juan Méndez de encabezar una red de corrupción que se beneficia de las víctimas.

En la cuenta de Twitter de la señora Miranda de Wallace circularon infografías que supuestamente establecen conexiones entre organizaciones de activistas en un supuesto complot para apoyar a delincuentes. Entre las personas señaladas figuran reconocidos defensores de derechos humanos en México, como Marieclaire Acosta, Juan Carlos Gutiérrez, José Antonio Guevara y Miguel Sarre.

En medio de esta campaña, el mismo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló que la descalificación de los defensores civiles de derechos humanos, así como a los organismos e instancias internacionales, no sólo no contribuye a resolver el problema, sino que distrae la atención de donde debería estar, que es la necesidad de que la autoridad haga bien su trabajo y lo haga conforme a derecho, respetando la dignidad de las personas.