La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados canceló la sesión de hoy en la que preveía aprobar la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, luego de que la coordinadora de Morena, Rocío Nahle, impugnó el procedimiento de la Comisión de Gobernación que el martes aprobó el respectivo dictamen por separado, cuando tenía que haberlo hecho en conjunto con la primera

Armando Luna (PRI), presidente de dicha comisión, defendió el proyecto que prevé la suspensión de garantías y regula el estado de excepción, porque ‘‘llena un vacío que durante décadas tuvo el sistema legal, pues pasa de la alta discrecionalidad a la detallada reglamentación protectora de los derechos humanos’’.

Luna adujo que en el caso del procedimiento de suspensión de derechos se tiene como garantía la participación de los tres poderes de la Unión y cualquier procedimiento derivado de dicha ley contará con la supervisión de la Suprema Corte.

‘‘Con estas leyes pasamos a una detallada reglamentación protectora de los derechos humanos de las personas mexicanas y extranjeras, ya que con la aprobación de los mismos garantizaremos reglas claras para que exista una plena vigencia y protección de los derechos humanos, aun en las circunstancias más delicadas.’’

Incluso insistió en que ambos proyectos de ley cumplen con los estándares internacionales en la materia, incluido un amplio catálogo de derechos humanos que bajo ningún concepto o circunstancia pueden ser limitados o suspendidos.

‘‘Con la emisión de las dos leyes, no sólo se dará cumplimiento al mandato del constituyente relativo a reglamentar estos dos preceptos, sino que constituye un importante avance para el respeto absoluto de los derechos humanos en México bajo cualquier circunstancia.’’

No obstante, el diputado Castañeda reprochó la postura gubernamental, a la que calificó de ‘‘errática y contradictoria’’ en medio de esta crisis de derechos humanos, como lo hemos visto en los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, entre otros, donde el gobierno ha privilegiado su imagen y sus intereses por encima de los derechos humanos y la justicia.

‘‘Hoy somos testigos de un gobierno que quiere que el grupo de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abandone el país, que persigue y criminaliza al secretario ejecutivo de esa organización y que no permite la entrada del relator especializado de la ONU en materia de tortura, quien denunció el uso generalizado de esta práctica en México.

‘‘¿Qué garantías tenemos de que esta ley sobre suspensión de garantías sea aplicada correctamente por un gobierno que no quiere trabajar de la mano con organismos especializados en derechos humanos?’’