A marchas forzadas, los cinco especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) redactan lo que dentro de 20 días a más tardar presentarán como su informe final sobre el caso Iguala, después de 13 meses de trabajo.

No tendrán ya más margen para ampliar las investigaciones de líneas que quedaron inconclusas y, sobre todo, para alcanzar el objetivo de su búsqueda –dar con el paradero de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos–, ya que el pasado 29 de marzo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cerró formalmente la puerta a una posible ampliación del plazo de labores del GIEI.

Esta ampliación del plazo por tiempo indefinido es una prerrogativa de quienes firmaron el convenio tripartito (Estado mexicano, familias de las víctimas y Comisión Interamericana de Derechos Humanos), que dio pie a la creación del GIEI. Está plasmado en el punto 10 del convenio firmado el 12 de noviembre de 2014, y establece que el mandato podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, ‘‘en consulta con las partes’’.

Durante los pasados tres meses, la colaboración entre la Procuraduría General de la República (PGR) y esta instancia internacional de coadyuvancia transitó por momentos de fricción, como reveló el propio GIEI el pasado 21 de febrero, cuando denunció en conferencia de prensa una serie de ‘‘obstáculos, filtraciones ilegales y desvíos de información’’ que, dijeron, ‘‘ponen en riesgo’’ los avances de la investigación del caso Iguala.

En esa ocasión también denunciaron campañas de medios de comunicación y de algunos actores de la ultraderecha mexicana ‘‘de descalificación personal e infamia’’, con el fin de cerrarles el espacio ‘‘con trillados estigmas políticos utilizados contra los defensores de derechos humanos’’.

Pero la relación entre la PGR y el GIEI hizo crisis el viernes de la semana pasada, en torno al llamado tercer peritaje (que en realidad sería el quinto) sobre si los días 26 y 27 de septiembre de 2014 los cuerpos de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa (o 19, o 17 de ellos, según las versiones ajustadas posteriormente) habrían sido incinerados en el basurero de Cocula.

Este peritaje fue decidido en un acuerdo firmado en sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington (19 octubre), por la PGR, las víctimas y sus defensores y el GIEI. Se determinó que un grupo de peritos internacionales designados por consenso realizaría un nuevo estudio en el lugar citado. Se convino que se daría a conocer un documento único y conclusivo; que las conclusiones tendrían que ser definidas por consenso pero, en caso de que no fuera posible, cada uno de los peritos podría expresar su disenso y sus reservas.

Y sobre todo, como principio básico, que antes de salir a los medios de comunicación el informe se haría saber a los padres y madres de los jóvenes.

Pero el desenlace fue otro. El viernes pasado, la procuradora Arely Gómez y el subprocurador de Derechos Humanos de la dependencia, Eber Betanzos, quien está formalmente al frente de la investigación desde que se resolvió sacar de la averiguación previa a la Seido, entregaron en sobre sellado un informe parcial del estudio del Grupo Colegiado de Expertos en Fuego a Carlos Beristain, del GIEI, al tiempo que le anunciaban que ese mismo día lo darían a conocer en conferencia de prensa.

El reporte parcial, según se dio a conocer, tiene algunos puntos valorativos y no contiene los fundamentos científicos del proceso; no está firmado de conformidad por todos los peritos (sólo uno, el texano Ricardo Damián Torres, estuvo presente) y no se especificó si la afirmación de este documento, de que ‘‘existe evidencia suficiente para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones’’, se refiere específicamente a la fecha de los hechos, 26 y 27 de septiembre de 2014.

Todos los acuerdos, acusó al día siguiente el GIEI, fueron rotos. Apenas este martes por la tarde-noche el colectivo de padres de familia pudo conocer las conclusiones de estos peritos (que hasta el momento no se han pronunciado), en una reunión a puerta cerrada con sus defensores de Tlachinollan y el Centro Pro de Derechos Humanos.

De este modo culminó el nuevo diferendo entre la procuradora, el subprocurador y el GIEI. Para hacer frente a esta situación, este miércoles los cinco expertos ofrecen una conferencia de prensa.

Hay un antecedente similar, registrado en septiembre del año pasado. Cuando la procuradora Arely Gómez recibió el primer informe del Instituto de Medicina Legal de Innsbruck, que realiza estudios de genética de alta tecnología sobre los fragmentos de huesos presentados por el gobierno mexicano como de los estudiantes, se adelantó sin hablar previamente con los padres y anunció a los medios que el cotejo de ADN había dado positivo con uno de ellos, Jhosivani Guerrero.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) cuestionó a la PGR, aclarando que el indicio genético encontrado en Innsbruck es ‘‘débil y no conclusivo’’. Y recordó además que siguen teniendo ‘‘serias interrogantes sobre las muestras analizadas’’.

A pocos días de que concluya el ciclo del GIEI en México, la PGR regresa al argumento de la ‘‘verdad histórica’’ sobre el caso Iguala, emitida en su momento por el procurador Jesús Murillo Karam. Aunque ya no se habla de 43 cuerpos incinerados en Cocula, se retoma la versión de que fueron 17. Esas fueron las versiones iniciales extraídas de las primeras declaraciones de los presuntos sicarios.