El Ministerio Público Federal determinó que no ejercitará ación penal en contra del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza.

La Procuraduría General de la República (PGR) señaló que ‘‘no se cumplieron los requisitos de procedibilidad’’ para continuar con la averiguación previa que se inició a petición de José Antonio Ortega Sanchez –presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal– por un presunto fraude, al considerar que era indebido el pago que el gobierno mexicano realizó para que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) colaboraran en la investigación del caso Iguala y la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ortega Sánchez aseguró que Emilio Álvarez Icaza, en su calidad de secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habría incurrrido en el delito de fraude.

Litigante denunciante

El litigante actuó como denunciante y, tras acudir a ratificar su escrito ante la PGR, ésta inició una averiguación previa, la cual fue resuelta en días pasados, pero sólo ayer el Ministerio Público Federal dio a conocer los resultados de sus indagatorias.

La procuraduría señaló que esta determinación fue informada desde ayer a la Secretaría de Gobernación en su carácter de representante del gobierno federal.

Una vez que se conoció la promoción de esta denuncia penal, la CIDH, a través de James Cavallaro, descartó que existiera un conflicto de intereses por parte de Álvarez Icaza en el caso Iguala, en tanto el secretario ejecutivo de la comisión señaló que la denuncia en su contra es ‘‘temeraria e infundada’’, y consideró que ‘‘México se está colocando en una regresión autoritaria’’.

De esta manera fracasó el intento de Ortega Sánchez por que se enjuiciara a Emilio Álvarez Icaza, ya que con esta determinación la acusación fue desechada.