a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó ayer la conclusión de las investigaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realiza desde hace más de un año en torno al caso Ayotzinapa. La entidad hemisférica consideró que no están dadas las condiciones para continuar el mandato del grupo
y lamentó la decisión del gobierno mexicano de no prorrogar esos trabajos.
Significativamente, el anuncio de la CIDH se produjo el mismo día de una nueva protesta de las familias de las víctimas en la Secretaría de Gobernación, en la que padres de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre se encadenaron a las rejas que rodean el edificio de la dependencia en demanda de la permanencia en México del GIEI. El reclamo pone en perspectiva el nulo avance que, en la percepción de las familias de las víctimas y de un amplio sector de la sociedad, han tenido las pesquisas judiciales oficiales en torno a la desaparición de los estudiantes normalistas: más allá de la formulación de una verdad histórica
que fue colocada de inmediato en entredicho, en buena medida por la actitud errática del propio gobierno, las autoridades no han atinado a esclarecer el paradero de los desaparecidos ni las razones por las que fueron sustraídos.
Esta sola circunstancia hace deseable y necesaria la continuidad del GIEI en el país, el cual ha venido fungiendo de contrapeso saludable e institucional a los extravíos oficiales; ha cuestionado las versiones oficiales con base en investigaciones sólidas y rigurosas y ha puesto de manifiesto, con ello, la necesidad de continuar las pesquisas en torno al caso con miras al esclarecimiento del mismo.
En un gobierno con altura de miras la labor del GIEI habría debido verse como oportunidad invaluable para restañar la credibilidad y la confianza de las instituciones de seguridad y procuración de justicia del país, erosionadas por los altos niveles de impunidad que prevalecen en general, y por la inoperancia que han mostrado, en particular, en el caso Ayotzinapa. Sin embargo, la afirmación del gobierno formulada ayer –en el sentido de que valora positivamente los aportes del GIEI
– ha de contrastarse con la inacción de las autoridades ante la campaña de linchamiento mediático emprendida contra el grupo de expertos desde hace meses, basada en los intentos de descalificación personal de algunos de sus integrantes. Posteriormente, la propia administración federal precipitó la ruptura con el grupo de especialistas mediante la difusión de los resultados del tercer peritaje
sobre el basurero de Cocula –que fue dado a conocer pasando por alto los acuerdos alcanzados entre el GIEI y la PGR para esos efectos–, así como con las numerosas afirmaciones, en días y semanas recientes, sobre la no continuidad de las actividades de ese colectivo de expertos en el país.
Así, a la agresión criminal del 26 de septiembre y a la intolerable falta de certeza sobre el paradero de los 43 normalistas se suma un factor adicional de exasperación y descrédito: la perceptible falta de voluntad de una administración que, en ausencia de un trabajo de esclarecimiento sólido y coherente, se ha negado a respaldar con todos los elementos a su alcance una labor necesaria y positiva, como la realizada por el organismo adscrito a la CIDH.
La erosión institucional causada por estas conductas erráticas afecta al gobierno en general y hace inevitable preguntarse por la existencia de un designio de opacidad sobre los hechos ocurridos en Iguala hace casi 20 meses.
