A un año de la desaparición de por lo menos 16 personas en la ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero, a manos de personas armadas que se autodenominaron Policías comunitarias por la paz y la justicia, las autoridades de los tres niveles de gobierno han simulado atender el caso, denunciaron diversas organizaciones sociales y centros de derechos humanos.

Reprobaron la falta de voluntad política de todas las autoridades, incluidas las fuerzas armadas, para dar con el paradero de las víctimas y que hasta ahora no exista ningún resultado en la investigación radicada en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/306/2015, sobre los hechos ocurridos entre el 9 y el 14 de mayo de hace un año, como tampoco sobre la participación u omisión de las corporaciones de seguridad estatales, federales y castrenses que observaron los hechos.

De acuerdo con algunos testimonios y evidencias, la desaparición de estas 16 personas ocurrió en presencia y/o con el consentimiento del Ejército, la Gendarmería, policías federales y agentes estatales.

Las organizaciones señalaron que la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el anuncio de la presencia de 3 mil efectivos del Ejército, de nada han servido para dar respuesta a la violencia generalizada en Chilapa y sus alrededores, ni en conseguir indicios sobre el paradero de alguna de las 16 personas desaparecidas esos días.

Además, denunciaron el desdén y el olvido con la que ha actuado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la Secretaría de Gobernación, que, aunque en los primeros meses después de los hechos apoyo a los familiares con el pago de pasajes, desde enero pasado suspendió la ayuda con el cambio de políticas institucionales.

Sin embargo, les exigió a los familiares de las víctimas la firma de formatos de entrega de apoyo, los cuales serían supuestamente rembolsados cuando tuvieran los recursos disponibles.

Los activistas enfatizaron que hasta ahora los apoyos no han sido reanudados, no se han recibido los rembolsos de los documentos firmados y constantemente se ponen obstáculos para que las familias sean incorporadas al Registro Nacional de Víctimas.

Entre los grupos que apoyan a los familiares de las víctimas están la Organización de Familiares de Desaparecidos de Chilapa Siempre Vivos, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, la Red Todos los Derechos para Todos (Red TDT), y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.