Los casi 15 mil indígenas otomíes que habitan el poblado de San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción no se oponen de manera intransigente a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. Lo único que quieren es que se respeten las 37 hectáreas expropiadas y que no se talen árboles ni se despoje a los indígenas de sus tierras comunales, las cuales han sido heredadas durante décadas, aseguró José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, representante legal de varios indígenas inconformes.

En entrevista, el abogado, especialista en derechos humanos e indígenas, expresó que los inconformes ya presentaron a la empresa un escrito con propuestas alternas para que no se suspenda el proyecto carretero, como la posibilidad de que se construya un puente que pase por encima de la comunidad o un gran túnel que afecte lo menos posible los terrenos expropiados.

Sobre el dinero que la empresa Autovan ha entregado al comisariado de bienes comunales (CBC) de San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, el activista dijo que de esa indemnización sólo se beneficiaron algunos de los 882 comuneros que conforman dichos poblados.

La defensa jurídica de los casi 15 mil indígenas de Xochicuautla y La Concepción consiste en lo siguiente: no vamos a recibir el dinero de la indemnización, simplemente porque el decreto de expropiación, por supuestas causas de utilidad pública, es ilegal, inconstitucional y viola diversos tratados internacionales, añadió Lara.

–¿Qué es exactamente lo que reclaman los indígenas de Xochicuautla?

–Lo tengo que plantear así: a partir del pasado 8 de abril se abrieron mesas técnicas (en la Secretaría de Gobernación). El planteamiento del pueblo de Xochicuautla, por conducto del Supremo Consejo Indígena Otomí y la delegación municipal (máximas autoridades de la región comunal, que tienen su fundamento en el derecho constitucional de la etnia para aplicar usos y costumbres), es que se busquen rutas alternas que causen menor afectación a la comunidad y a las 37 hectáreas de bosque que fueron expropiadas.

“Hay una propuesta concreta del pueblo de Xochicuautla para que la autopista pase justo sobre la actual carretera que cruza Xochicuautla, es decir, que se mejore esa carretera y se transforme en autopista, con el fin de salvaguardar el bosque.

Segunda: vámonos por arriba del bosque, mediante un puente, o que construyan un túnel. Que la autopista pase por abajo del bosque.

El activista planteó que el punto nodal del debate jurídico entre la empresa ligada a grupo Higa y los indígenas inconformes es la siguiente: Mientras la empresa-gobierno considera que la decisión del CBC (que firmó convenios para autorizar la construcción de la autopista) es suficiente para permitir que se afecten 37 hectáreas de bosque, lo que los pobladores inconformes plantean es que las afectaciones que sufrirá el bosque rebasan el ámbito de competencia del comisariado, y siendo Xochicuautla una comunidad indígena tuvo que haberse pasado por los mecanismos que los instrumentos y tratados internacionales contemplan, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Concretamente, una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, lo que no se cumplió, destacó el activista.