El partido Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados elaboró una propuesta de reforma al artículo 134 de la Constitución, con el propósito de regular la publicidad oficial mediante el instituto nacional de comunicación y publicidad gubernamental, el cual sería un organismo autónomo y ciudadano.

Clemente Castañeda, coordinador del MC en San Lázaro, anunció que la propuesta plantea que el instituto mencionado norme gastos, contenidos y características de la publicidad de los tres órdenes de gobierno y vigile el destino de los recursos públicos fijando topes máximos de erogaciones.

Con esa iniciativa se acompaña también la propuesta para derogar el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque hoy abre la puerta a la propaganda personalizada, disfrazada de informes de gobierno.

En el cuerpo de la iniciativa, que hoy será presentada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se incluye una propuesta para modificar el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, con la intención de fijar límites en el otorgamiento de publicidad en materia de política social.

La iniciativa de decreto, en el artículo 134 de la Constitución refiere la prohibición de pagar propaganda desde los poderes públicos, excepto la concerniente a salud, protección civil y turismo, que deberá ser de carácter informativo o de orientación social.

“Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones –considera el MC– se crea el instituto nacional de comunicación y publicidad gubernamental, el cual sería un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como propósito regular y supervisar los contenidos en materia de publicidad gubernamental, así como las erogaciones derivadas de los servicios de publicidad y comunicación social.”

El órgano, en caso de avalarse la iniciativa, estaría integrado por cinco consejeros ciudadanos, los cuales serían designados por la Cámara de Diputados a partir de una convocatoria pública.

Por lo que respecta al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, éste quedaría redactado de la siguiente forma: La publicidad y propaganda relativa a los programas sociales deberá apegarse a los lineamientos que establezca el instituto nacional de comunicación y publicidad gubernamental.

Para Clemente Castañeda, el gasto en publicidad gubernamental se ha convertido, en algunos casos, en instrumento de control político, que al ser utilizado de manera discrecional e irresponsable por algunos políticos busca incidir en la independencia de los medios de comunicación, lesionando con ello el ejercicio democrático y la pluralidad.