e acuerdo con un documento elaborado por la Secretaría de Energía (Sener), casi 54 por ciento de los combustibles consumidos en el país durante el año pasado tuvieron que ser importados, no sólo por un aumento en la demanda, sino también porque el Sistema Nacional de Refinación operó a 71 por ciento de su capacidad. Por su parte, al anunciar el tercer Congreso Internacional de Gasolineros, Gabriel Beckwith, ejecutivo de la consultora Grupo Besco, advirtió que unas 8 mil 400 gasolineras –de las 12 mil que hay en el país– corren el riesgo de desaparecer ante el inminente ingreso al mercado nacional de competidores internacionales. Aunque se trata de informaciones diferentes, ambas referencias permiten detectar graves distorsiones tanto en la producción como en la distribución minorista de gasolinas.
El primero de esos datos pone sobre la mesa la pregunta ineludible: ¿por qué se ha mantenido la planta de refinación del país por debajo de su capacidad instalada y se ha recurrido en cambio a la importación creciente de combustibles? Ambos hechos parecen escapar a la lógica si se considera que producir gasolina para el mercado interno de México es un negocio con un alto margen de utilidad asegurado, toda vez que los precios de los hidrocarburos son más elevados dentro del país que fuera de él.
Si hasta hace poco se recurría al argumento de la falta de capitalización de Pemex para explicar la deficiente operación de sus refinerías, hoy, con la reforma energética plenamente vigente –es decir, con la totalidad de la industria petrolera abierta a la inversión privada nacional y extranjera–, esa explicación carece de sentido; debe encontrarse otra manera de justificar la merma de divisas, inversiones, fuentes de trabajo y margen de reactivación económica que significa la importación masiva de combustibles y enmendar la ruinosa secuencia de exportar crudo para importar después sus derivados primarios y secundarios.
Por lo que hace a las gasolineras, es claro que el principal factor de riesgo para los expendios nacionales no es en sí la llegada de competidores foráneos, sino el enorme descrédito que lastra a esos comercios por las prácticas abusivas en las que suelen incurrir en perjuicio de los consumidores; particularmente, la adulteración de los sistemas de medición para cobrar más combustible del que efectivamente se despacha. Esas prácticas han llegado a tal extensión que se han desarrollado diversas aplicaciones para teléfonos inteligentes en las que es posible localizar gasolineras exentas de ese ejercicio fraudulento.
Cabe señalar, sin embargo, que en las autoridades recae una responsabilidad insoslayable por no fiscalizar con el rigor que amerita –ni sancionar con la severidad que corresponde– los robos hormigas que sufren los usuarios en miles de estaciones de servicio y por no poner a disposición de éstos mecanismos accesibles, ágiles y confiables para denunciar abusos.
En tales circunstancias, ante el vacío de una autoridad verificadora y sancionadora eficiente, no hay razón para pensar que la llegada al país de consorcios gasolineros trasnacionales podría corregir por sí misma las malas prácticas referidas. Todo hace temer, en cambio, que se traduzca en quiebra de innumerables pequeñas y medianas empresas y en una importante pérdida de fuentes de trabajo.
