la espera de cifras completas que permitan comentar los procesos electorales realizados ayer en 14 entidades del país, cabe centrarse en los datos difundidos por el Programa de Resultados Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE) referidos a la elección de diputados al congreso constituyente de la Ciudad de México, los cuales, hasta el cierre de esta edición, indicaban que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se situaba como primera fuerza, seguido de cerca por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en tanto que muy atrás se colocaban Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI). Según esas cifras parciales, ninguno de los aspirantes independientes lograría ingresar a la Asamblea Constituyente.
Al margen de datos, que en lo fundamental ratificarían el escenario de los comicios de hace un año para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el hecho más relevante de la jornada es el aplastante abstencionismo, que según las cifras preliminares sería superior a 70 por ciento. De confirmarse ese porcentaje habría que concluir que la elección de ayer en la capital de la República fue desairada por la mayor parte del electorado y resultó, en consecuencia, un fracaso.
Podría atribuirse la masiva ausencia de electores a causas diversas, como una mala difusión por parte de las autoridades electorales y, por lo que hace a los partidos políticos, a campañas con déficit de comunicación. Pero resulta insoslayable, además de las fallas de la información y de la propaganda, un hecho de fondo: desde la reforma política del Distrito Federal operada en el Congreso de la Unión, y particularmente en el diseño de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la voluntad popular fue acotada por la decisión de constreñirla a la elección de 60 de las 100 diputaciones en juego, en tanto que las otras 40 habrían de ser designadas a dedo por el Ejecutivo federal (seis), la autoridad capitalina (seis) y las dos cámaras legislativas (14 cada una). De esa manera, la representatividad del órgano constituyente quedó severamente distorsionada y reducida. Por añadidura, en el proceso de reforma política del Distrito Federal, el Congreso de la Unión decidió aspectos fundamentales sobre la institucionalidad de la urbe y quitó, con ello, facultades al órgano encargado de redactar la Carta Magna capitalina.
En suma, en el diseño del procedimiento constitucional se violentó el principio de soberanía popular, consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política del país, de tal manera que es muy poco el margen de acción de los representantes que resulten electos y escaso, en consecuencia, el poder de la ciudadanía en las urnas. Los partidos políticos, por su parte, aceptaron jugar con esas reglas, lo que se agregó al déficit de credibilidad y legitimidad de todo el proceso.
No cabe, por lo tanto, culpar a los votantes por haberse abstenido en tan amplia mayoría de acudir a las casillas a ejercer un derecho de antemano mutilado y minimizado, que dará por resultado una constitución sin duda legal, pero débil y difícilmente popular. Y la responsabilidad por ello corresponde enteramente a las dirigencias políticas.
