La norma emergente de verificación vehicular debe acompañarse de una política integral de movilidad sustentable, ordenamiento urbano y mejoramiento de la calidad del aire, ya que en forma aislada no podrá solucionar el problema de fondo de la contaminación ambiental en el valle de México, señaló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

La norma basa el otorgamiento de calcomanías doble cero y cero en la medición de los contaminantes mediante el sistema de diagnóstico a bordo (OBD, por sus siglas en inglés). Sobre esto, hace unas semanas el Centro Mario Molina señaló que este sistema, como el de cualquier otra computadora a bordo, es manipulable. Para demostrarlo no hay más que referirnos al sonadísimo caso de ciertos vehículos a diésel en Estados Unidos.

En un comunicado, Gustavo Alanís, director del Cemda, consideró urgente que se impongan acciones integradas de política pública, con una visión de largo plazo que incluyan, entre otras, esquemas de incentivos para la renovación y mejoramiento del servicio transporte público; la actualización de las normas de vehículos nuevos, como la 042 y 044; las de salud, y que se garantice el abastecimiento de combustibles limpios en todo el país.

Consideró relevante que en los considerandos de la norma se reconozca que tanto los compuestos orgánicos volátiles como los óxidos de nitrógeno (NOx), son los principales precursores de ozono, que en su mayoría provienen de los vehículos en circulación.

Recordó que desde hace al menos una década, el Cemda se ha referido a la gravedad de las emisiones contaminantes por diésel y sobre la urgencia de que Petróleos Mexicanos (Pemex) cumpla con la distribución del diésel de ultra bajo azufre en todo el territorio nacional. Actualmente, el diésel que utiliza la mayor parte del trasporte pesado (autobuses de pasajeros y camiones de carga) en México tiene concentraciones de entre 300 y 500 partes por millón de azufre, con lo que es responsable de 80 por ciento de las emisiones de PM2.5 a escala nacional.

Destacó que lo importante es proteger la salud de las personas y la calidad de vida de los mexicanos, por lo que la obligación del Estado es garantizar nuestro derecho a un medio ambiente sano, la cual incluye nuestro derecho a respirar aire limpio.