En su intento por mantener la tesis oficial del basurero de Cocula, el informe de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Iguala no sólo ‘‘minimiza’’ los dictámenes realizados por los grupos de expertos independientes, sino también ‘‘desaparece’’ las evidencias que indican la comisión de irregularidades en la investigación, señaló el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra.

Por ejemplo, agregó, es ‘‘borrada’’ la referencia de los 42 casquillos que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a cargo de Tomás Zerón de Lucio, localizaron supuestamente debajo de una piedra en la parte alta del basurero de Cocula, cuando dicha área había sido acuciosamente revisada.

Tras un primer análisis que padres de familia y sus representantes realizaron de dicho documento, el abogado Rosales señaló que en el recuento que hace de todas las diligencias realizadas por la PGR, se observa un ‘‘sesgo, una clara tendencia’’ a mantener la tesis oficial del basurero de Cocula.

Incluso, reveló que el informe de la procuraduría –que les fue entregado el pasado miércoles por la tarde– tampoco cita la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que elementos de la Policía Federal y municipal de Huitzuco están involucrados en la desaparición de los jóvenes normalistas.

De igual forma, destacó que el amplio y mutidisciplinario dictamen presentado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en el que se descarta científicamente que los estudiantes fueran incinerados en el basurero, no está incluido; apenas hay referencia de él a través de un breve comunicado de prensa. ‘‘Esto es muy tendencioso y preocupante’’.

En entrevista en el Centro Pro de Derechos Humanos, poco antes de regresar al estado de Guerrero junto con los padres de familia, el abogado Rosales adelantó que ya se trabaja en una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la canciller Claudia Ruiz Massieu, a fines de este mes.

Uno de los objetivos de este encuentro es señalar que el tema de los 43 no es sólo de procuración de justicia, sino también político, en donde el responsable de la política interna ‘‘tiene que estar al pendiente de asumir ciertos compromisos con la verdad y la justicia’’. Es un tema que incumbe también a la Secretaría de Gobernación.

‘‘Y si este gobierno quiere llegar a 2018 con el caso Ayotzinapa resuelto, el basurero de Cocula no nos ofrece esa posibilidad’’, insistió Vidulfo Rosales, quien dijo que la reunión con la canciller Ruiz Massieu sería para instrumentar el mecanismo de seguimiento, el cual seguramente se hará público en los próximos días por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sobre la reunión que en la víspera tuvieron con la procuradora Arely Gómez, el abogado precisó que este diálogo busca retomar las líneas de investigación dejadas por el GIEI, relacionadas con la Policía Federal y la de Huitizuco; además, lo referente al quinto autobús y la telefonía celular; esto último puede llevar al paradero de los normalistas. Pero es necesario prescindir totalmente ya del basurero, que sólo ha servido para desviar las pesquisas. ‘‘El tiradero sigue siendo tema de disputa, controversia e incertidumbre’’.

La otra línea, agregó, es la imposibilidad de una nueva etapa en la investigación, en el dialogo, y la relación con la PGR si es que no se limpia el proceso en lo que tiene que ver con la separación de los funcionarios que obstaculizaron la indagatoria. ‘‘Pero hay mucha reticencia para separar del cargo a Tomás Zerón’’, alertó Rosales.

Además, criticó la ‘‘ambivalencia’’ de la PGR, pues mientras en las reuniones privadas dicen tener voluntad política para avanzar en las nuevas líneas, en el plano político, en lo público, en lo mediático, mantienen la tesis oficial.