La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) llamó al gobierno mexicano a investigar con seriedad las denuncias sobre esa práctica en el caso Ayotzinapa y separar de sus cargos a los funcionarios que han obstruido la investigación, como es el caso de Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Además, pidió a las autoridades mexicanas aceptar y brindar el apoyo necesario al mecanismo especial que dé seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Indepedientes (GIEI) sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014.

En un pronunciamiento, la OMCT –principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales que luchan contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier trato cruel e inhumano– expresó su preocupación ante el hecho de que 17 personas inculpadas en la desaparición de los estudiantes normalistas alegaron haber sido víctimas de tortura y malos tratos desde su detención, situación de la que el GIEI ha proporcionado evidencias médicas.

‘‘Tenemos indicios muy claros de que se ha torturado desde los inicios de la investigación. A pesar de eso, seguimos sin tener constancia de que se haya enjuiciado a los presuntos culpables y se siguen usando declaraciones obtenidas bajo tortura como testimonios clave’’, declaró Gerald Staberock, secretario general de la OMCT, en un pronunciamiento subido a su página Web.

La organización destaca que el informe del GIEI concluye que en todos estos casos las personas presentan numerosas lesiones después de su detención e ingreso a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada o en Centros Federales de Readaptación Social, según el caso.

Pese a las denuncias de los detenidos, en los expedientes no hay constancia de que se hayan investigado estos hechos. Tampoco consta que se haya aplicado hasta el momento el Protocolo de Estambul, que es la referencia internacionale para indagar casos de tortura.

La OMCT también solicita la investigación pronta e imparcial y la separación del cargo de todos los funcionarios públicos implicados en indicios sólidos de haber obstruido la indagatoria del caso Iguala, situación evidenció el GIEI en su último informe.

Incluso, destaca que hay pruebas de que Tomás Zerón, director de la AIC, realizó una diligencia con uno de los inculpados cerca del río San Juan, en Cocula, que no consta en el expediente.

De manera especial, la OMCT exhorta al gobierno mexicano a adoptar las medidas necesarias para erradicar los actos de intimidación, estigmatización y criminalización, perpetrados por actores estatales y no estatales contra los normalistas, incluyendo los sobrevivientes de los crímenes de Iguala.