La danza de cifras que hubo ayer en el Instituto Nacional Electoral (INE) terminó por confirmar que el PRI será el partido más multado por irregularidades cometidas con el dinero en las campañas electorales de este año. Suma 79.6 millones de pesos en sanciones, es decir, 11 millones más que las calculadas originalmente.

Del monto total, que asciende a 424.8 millones de pesos, las multas para el tricolor representan 21 por ciento, las del PRD fueron por 66.4 millones (17 por ciento) y las del PAN ascendieron a 50.4 millones (13 por ciento).

El Consejo General del INE aprobó ayer dichas penalizaciones por las trampas financieras realizadas en 14 elecciones locales, pero pueden variar, ya que los consejeros hicieron correcciones y adiciones un día antes y en el transcurso de la sesión, lo que llevó a que la mayoría votará sin conocer los números precisos.

El principal inconforme fue el PRI, que en voz de su representante, Alejandro Muñoz, calificó de desproporcionadas e ilegales las sanciones aplicadas por el registro extemporáneo de operaciones en el sistema de fiscalización en línea.

También nos preocupa que hay asuntos que de alguna manera se presentan como total, pulcra y absolutamente terminados o acabados por la Comisión de Fiscalización, pero la cantidad de fe de erratas que nos han presentado entre ayer y hoy nos hace pensar que sigue siendo un producto inacabado la revisión.

También reprochó las sanciones impuestas por no reportar gastos en Facebook basadas en información proporcionada por esa empresa, pero no soportada en contratos o facturas y anunció, como el resto de los partidos, que impugnará en el Tribunal Electoral.

En coincidencia con la postura del tricolor y de otros partidos políticos, el consejero Marco Antonio Baños propuso no sancionar por las omisiones en informar erogaciones en Facebook e iniciar una investigación más profunda mediante un procedimiento ordinario sancionador.

Al final recibió el respaldo sólo de la consejera Adriana Favela, porque otros ocho se pronunciaron en contra de su sugerencia.

La consejera Pamela San Martín volvió a ser la voz discordante y se quedó sola en las votaciones al proponer que se devolvieran para su revisión a fin de hacer un proceso de fiscalización más riguroso que penalizará más los retrasos de los partidos.

Pablo Gómez, representante del PRD, alegó que los consejeros del INE no se han desempeñado bien, no han estado a la altura de lo que ellos mismos instituyeron legalmente.

Francisco Gárate, representante del PAN, propuso a los consejeros escalonar la aprobación de estos dictámenes, porque los contadores de la Unidad Técnica de Fiscalización llevan 15 días prácticamente sin dormir. Cuando se trabaja en esas condiciones puede existir una duda razonable sobre la precisión del trabajo.

De hecho, durante las siete horas que duró la sesión, decenas de empleados del área de fiscalización del INE trabajaban a marchas forzadas con las miles de hojas de los expedientes que cargaban en cajas de cartón. Se les podía ver amontonados frente a una banca de metal, en la explanada y luego formados en una larga mesa que se dispuso en el vestíbulo de un edificio.

Adentro del salón de sesiones, la mayoría de los consejeros cerraban filas y defendían los criterios aplicados para sancionar a los partidos políticos. Javier Santiago reviró al representante del PRI: Es cierto, está gruesa la fe de erratas. ¿No tendrá algo que ver el retraso de los partidos en la entrega de la información y que esto redujo el tiempo para el trabajo fiscalizador?