La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, se reunió ayer con el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, quien dijo que está en disposición de proceder a la abrogación o derogación en su caso, de los actos o normas generales que motivaron que el Ministerio Público Federal presentara una acción de inconstitucionalidad, en la que solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declarara ilegal el sistema de combate a la corrupción establecido en esa entidad.

Durante el encuentro, sostenido en la sede de la PGR en la Ciudad de México, el mandatario quintanarroense comunicó su intención de establecer en aquella entidad un sistema legal de combate a la corrupción en completa armonía con la Constitución federal y las leyes generales en la materia, una vez que estas últimas sean promulgadas.

El pasado lunes la PGR presentó ante la Suprema Corte acciones de inconstitucionalidad contra los congresos de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua para evitar violaciones al sistema nacional anticorrupción, ya que los mandatarios de esas entidades aprobaron legislaciones que los blindaban de presuntos actos de corrupción.

En conferencia de prensa, el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva, y el vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, informaron que la interposición de las acciones de inconstitucionalidad se presentaban para que no existan legislaciones locales a modo, ya que en la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones y en el caso de Quintana Roo se eligió a un fiscal y a un auditor cercanos al mandatario de la entidad.

La PGR informó que durante el encuentro sostenido este jueves también participaron el subprocurador jurídico, el de control regional, procedimientos penales y amparo, Gilberto Higuera Bernal, así como el consejero jurídico del gobierno de Quintana Roo, Raúl Labastida Mendoza.