ntre las medidas que constituyen la base del modelo económico adoptado por el actual gobierno, el impulso prácticamente indiscriminado a la gran inversión ocupa un lugar de privilegio. La idea de que las inversiones incentivan de manera automática el crecimiento y la distribución de la riqueza –un principio doctrinario neoliberal que la realidad se empeña en desmentir– da lugar a que se estimulen, autoricen y avalen proyectos industriales o comerciales de gran calado sin tomar en cuenta (o lo que es peor, desatendiendo en forma deliberada) la incidencia negativa que pueden tener sobre los modos de vida de la población que vive en las zonas en que pretenden asentarse, el equilibrio de los ecosistemas y las indeseables consecuencias derivadas de alterar ambas cosas.
Las empresas encargadas de llevar adelante proyectos de ese tipo –sobre todo en el rubro hidroeléctrico y en el marco de la reforma energética– invariablemente sostienen que han realizado profundos estudios, según los cuales tales proyectos sólo auguran futuros venturosos para las áreas elegidas y sus pobladores. Pero con demasiada frecuencia resulta que esos estudios, cuando existen, son inconsistentes, incompletos o de dudosa fundamentación.
Frente a este fenómeno, que tiende a multiplicarse en el país, numerosas comunidades indígenas de los estados han interpuesto recursos de amparo a fin de impedir que se hagan efectivas obras que, de concretarse, no contribuirían a mejorar su de por sí menguada calidad de vida, sino más bien lo contrario. Es el caso, por ejemplo, del parque que la empresa Eólica del Sur –desarrolladora de ese tipo de espacios– tenía previsto levantar en la zona oaxaqueña del istmo de Tehuantepec, y ante el cual mil 166 integrantes del pueblo zapoteco se habían amparado en septiembre pasado.
El recurso les fue favorable, y en diciembre un juez distrital de Oaxaca otorgó la suspensión de las obras, que siguen detenidas mientras sigue su curso el proceso legal que culminará cuando se emita sentencia definitiva. Parecido caso es del megaproyecto hidroeléctrico Puebla 1, que la empresa Deselec–Comexhidro comenzó a construir en la Sierra Norte de Puebla, y también fue suspendido a raíz de un amparo ganado por los habitantes de Altica, San Felipe Tepatlán y San Mateo Tlacotepec, comunidades que, de prosperar la planta hidroeléctrica, serían afectadas por el aprovechamiento del agua del río Ajajalpan, que cruza por la zona.
La lista de amparos concedidos es lo bastante extensa para llamar la atención de las autoridades y organismos encargados de autorizar las obras y extender los permisos necesarios para su desarrollo, pero también da cuenta de una saludable conciencia cívica y ecológica de la población que, por vías rigurosamente legales, defiende sus derechos y los recursos que le sirven de entorno y sustento.
En idéntico espíritu se enmarca el lanzamiento de la Caravana Cultural en Defensa de la Madre Tierra (un movimiento compuesto por 180 organizaciones, pueblos, comunidades y barrios de diferentes puntos de la República), a través de la cual artistas de varias disciplinas se proponen recorrer una amplia zona del país para fomentar la custodia y protección del medio ambiente.
No se trata, naturalmente, de impugnar por principio la inversión de capital, en tanto ésta resulte productiva y ayude a desarrollar la infraestructura nacional; pero sí es preciso cuidar que cumpla con este cometido y no lesione de ninguna forma a los hombres y mujeres que en todo caso deben ser sus beneficiarios, no sus víctimas.
