Juchitán, Oax.

El concejo municipal de Belisario Domínguez –municipio creado por el Congreso de Chiapas en la región de los Chimalapas, Oaxaca–, funciona en una oficina alterna en Cintalapa, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó esa decisión legislativa el pasado 2 de marzo, denunciaron organizaciones en defensa de los Chimalapas.

Belisario Domínguez fue resultado de la tercera reforma a la Constitución Política del estado propuesta por el Ejecutivo chiapaneco, derivado de una invasión de tierras en Santa María Chimalapa, Oaxaca.

Cuando la SCJN declaró ilegal el concejo municipal, también ordenó dejarlo sin mandato. Sin embargo las supuestas autoridades despachan en la calle Primera de Oriente número 77, en el centro de Cintalapa, Chiapas.

Miguel Ángel García Aguirre, coordinador del Comité Regional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, informó que la sentencia de la SCJN prohíbe la realización de cualquier elección en el territorio reclamado por el gobierno de Oaxaca mediante el juicio de controversia constitucional 121/2012, en la cual se señaló que no puede operar de ninguna forma como tal, hasta que se dirima el juicio.

Las tierras están en litigio ante la SCJN, que en 2012 también emitió una resolución instruyendo a los gobiernos de ambas entidades abstenerse de crear nuevas autoridades que formal o informalmente amplíen los límites territoriales de una u otra entidad.

El año pasado el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Chiapas organizó elecciones en Belisario Domínguez; sin embargo, los zoques de Oaxaca lo impidieron con la quema del palacio municipal, porque, dijeron, significaría validar sus tierras en favor de Chiapas.

García Aguirre explicó que cuando el gobierno de Oaxaca al parecer logró meter la controversia constitucional 20 minutos antes de que se cerrara el plazo (el 29 de noviembre de 2014) con el entonces secretario de Gobernación, Jesús Martínez Álvarez, y Adelfo Regino, entonces secretario de Asuntos Indígenas, el ahora consejero jurídico ha retrasado todo, enredando los pocos avances.

Pendientes de resolución, 31 juicios

García Aguirre resaltó que además de la controversia constitucional, los magistrados de la Suprema Corte tienen que desahogar 31 juicios interpuestos por el gobierno de Chiapas pero también el de Oaxaca, lo cual alargará más la situación.

Tenemos dos hipótesis de la actuación del consejero político, una es que quiera alargar el juicio y heredarlo al sucesor del gobernador Gabino Cué, y lo otro es un acuerdo político. Tememos que el territorio en disputa se lo queden los chiapanecos y no los indígenas zoques, quienes han luchado más de seis décadas por que regrese a sus manos, concluyó.