adicalmente opuestas a cualquier noción de bienestar colectivo, las tesis económicas del neoliberalismo, llevadas a la práctica, constituyen una segura fuente de calamidades para los sectores mayoritarios de las sociedades que tienen gobiernos de esa orientación. Y es que su espíritu se nutre en el plano económico de la misma sustancia que su ideología política: la defensa a ultranza del privilegio, la exclusión social como principio activo, el rechazo visceral a las políticas sociales y la misma insensibilidad que siempre evidenció la obtusa y brutal derecha de los siglos XIX y XX.
En el plano económico, las consecuencias de este pensamiento se traducen en una serie de medidas que terminan por hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres; en el terreno de la política, se significa no sólo por tratar de reducir al mínimo las expresiones de repudio al modelo, sino también por emprender la reivindicación de figuras que, en otras épocas, encarnaron la cruenta ferocidad de esa anacrónica derecha.
Así, a las disposiciones con las cuales el presidente argentino Mauricio Macri se las arregló para –en sólo siete meses de gestión– desarticular la mayor cantidad posible de proyectos socioeconómicos, científicos y culturales que beneficiaron a las mayorías de su país, se le suma un dato cuyo negativo carácter sólo es comparable con el perverso simbolismo que encierra. El hecho de que medio centenar de militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura que devastó Argentina entre 1976 y 1983 hayan recibido el beneficio de la prisión domiciliaria agravia la memoria de miles de víctimas de esa dictadura y ofende a quienes las sobrevivieron. Pero además constituye un intento por minimizar, frente a las generaciones que no vivieron el proceso y tienen sobre él información distorsionada y fragmentaria, las aberrantes prácticas llevadas a cabo en esa época para imponer la autoridad de la sinrazón, la prepotencia y el oscurantismo.
Acerca de esa sombría etapa de la historia argentina, uno de los argumentos más utilizados por los adherentes de Macri –y desde luego por los partidarios de la manu militari– es que para una nación que ha padecido los rigores del autoritarismo en sus formas más extremas, lo más saludable es el olvido y la reconciliación. Esta fórmula, que no deja de tener su atractivo para quienes aunque no se atrevan a decirlo en público son devotos fervientes de la mano dura, apuesta por el olvido antes que por la justicia; un olvido no sólo indeseable, sino también tramposo, porque su cometido es ocultar tanto el dolor de los victimados como la crueldad de los victimarios.
Otro argumento para juzgar benévolamente la serie de medidas que permiten a los militares y ex militares cumplir su condena en la confortable prisión de su propia casa se relaciona con la edad de éstos. Según esa óptica, el mero transcurso del tiempo vendría a convertirse en una especie de atenuante para los sucesos pasados, por atroces que sean. Pero al respecto convendría tener presente el emblemático caso de Rudolf Hess, jefe del partido nazi cuando Adolf Hitler asumió el poder. Recluido en la prisión de Spandau en 1946, en los años 80, Hess desató un debate internacional cuando parte de la opinión pública propuso que fuera liberado por razones humanitarias
(estaba mal de salud y había perdido la memoria). Consecuente, el gobierno británico se negó, aduciendo que el preso era, más que un detenido, la representación viva de una serie de ideas opuestas a la noción de humanidad, y como tal debía terminar su vida entre rejas.
Hess murió en Spandau en 1987, a los 93 años. Pero el actual presidente argentino ya ha evidenciado en más de una ocasión que la historia no es lo suyo.
