a Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (Concamin) amagó ayer con dejar de invertir en las denominadas Zonas Económicas Especiales –ubicadas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz– a consecuencia de los plantones y bloqueos que lleva a cabo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). A decir del organismo cúpula de la industria en el país, las inversiones que pudieran frenarse ascienden a más de 50 mil millones de pesos y cancelarían la creación de 40 mil empleos.

Se trata del más reciente de una serie de posicionamientos de las organizaciones del sector privado en torno al conflicto magisterial, cuyo origen, cabe recordarlo, se ubica en el rechazo de los docentes al carácter punitivo de la reforma educativa. Un día antes, la Confederación Patronal de la República Mexicana interpuso una demanda de amparo frente a las ‘‘omisiones’’ del Estado mexicano, por no haber garantizado los derechos individuales durante las marchas y bloqueos de los maestros, y criticó la excesiva tolerancia de las autoridades frente a tales manifestaciones.

Sin desestimar las afectaciones provocadas por los bloqueos docentes y los daños generados a miles de unidades económicas en las localidades donde éstos se desarrollan –y que requieren, desde luego, el apoyo de las autoridades–, no deja de llamar la atención que un conjunto de organizaciones que durante décadas han demandado interlocución y apertura del gobierno federal soliciten ahora que se actúe en el sentido opuesto ante el conflicto magisterial. En efecto, si algo cabe saludar de la postura del gobierno federal en semanas recientes es el viraje hacia la búsqueda de una solución negociada y consensuada de dicho conflicto, el cual surgió por el empecinamiento gubernamental en aplicar una evaluación educativa cuestionada en los terrenos pedagógico, político y laboral.

Por tardía que haya sido esa postura –lo cual provocó, entre otras cosas, barruntos de estallamiento social con saldos trágicos, como los que se registraron en Nochixtlán– la disposición al diálogo es un escenario preferible a la confrontación, sobre todo en un Estado que se reclama democrático. El hecho de que las autoridades federales hayan pedido ayer al sector empresarial reconocer los avances alcanzados en las negociaciones con la CNTE refleja un saludable interés gubernamental por mantenerse en esa vía y no ceder, al menos en lo inmediato, a actitudes de presión y hasta de chantaje como las que ha expresado el empresariado.

La postura de los órganos cúpula de la iniciativa privada resulta tanto menos comprensible si se toma en cuenta el papel que esas organizaciones reclamaron en el último cuarto del siglo pasado –época en que surgió el Consejo Coordinador Empresarial–precisamente como un contrapeso a las prácticas autoritarias y al hermetismo del régimen político vigente en ese entonces. Las demandas de apertura democrática y diálogo que formularon las cámaras empresariales de los años 70 y 80 del siglo XX contrastan con el reclamo de implacabilidad contra la CNTE y con el amago de rebeldía que formulan ahora frente a los esfuerzos por lograr una salida consensuada al conflicto.

La pluralidad del México contemporáneo –cuya realidad es innegable, lo reconozcan o no las élites políticas y económicas– requiere de que los distintos grupos de interés reconozcan el diálogo como la primera opción y la más deseable para resolver las diferencias.