omo se ha vuelto habitual año tras año, con la presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se demuestra el extravío gubernamental para establecer y atender prioridades nacionales con sentido social.
En efecto, en circunstancias de dificultades económicas a escala nacional e internacional, ante la persistencia de rezagos sociales y habida cuenta de la caída en los ingresos nacionales por conceptos como la venta de petróleo y las remesas, el presupuesto debería ser visto como un factor de reactivación de la economía y de atención de las necesidades prioritarias de la población. Sin embargo, ese principio contrasta con un proyecto en el que se desatienden rubros que deberían ser considerados estratégicos; se realizan asignaciones o disminuciones de recursos con clara connotación política, y se mantienen inercias onerosas e injustificables.
En primer término, llama la atención que el actual gobierno, que ha adoptado la educación como bandera discursiva para impulsar la cuestionada reforma legal en ese ramo, plantee un recorte de más de 10 por ciento en términos reales para la Secretaría de Educación Pública. Otro tanto ocurre en el sector salud, que se verá afectado con una disminución similar en sus recursos para el siguiente año. Particularmente preocupante resulta la disminución del monto destinado a las instituciones de salud pública para la compra de medicamentos, que será menor en una cuarta parte respecto de la cantidad que se dispuso para 2016.
En cuanto al ramo energético, se destaca la profundización del abandono presupuestario de Petróleos Mexicanos, que da continuidad al desmantelamiento de esa empresa productiva del Estado y contraviene el pretendido afán de fortalecerla, como se insistió durante el proceso de aprobación de la reforma energética.
Otros de los ajustes propuestos en el documento presentado en San Lázaro por el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade, resultan tan cuestionables que pareciera que detrás de ellos no hay criterios meramente tecnocráticos, sino políticos. Tal es el caso de la cancelación, en el proyecto presupuestario, del fondo de capitalidad, un bloque de recursos que se otorga desde 2013 a la Ciudad de México para compensar el costo de los servicios que presta por ser la capital del país. Más que un golpeteo político contra el gobierno de la urbe, dicha medida parece un castigo contra sus habitantes.
El conjunto de recortes descritos contrastan, finalmente, con los incrementos presupuestales establecidos para los poderes Legislativo y el Judicial, así como para organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral. Tales asignaciones resultan injustificables a la luz de la incapacidad que han mostrado esas instituciones a la hora de cumplir con algunas de sus funciones elementales.
Frente a los extravíos señalados, es necesario que los legisladores introduzcan elementos de racionalidad, redisribución y sentido social en el paquete presupuestario. La aprobación de la frivolidad y la indolencia con que se suelen integrar los proyectos del presupuesto público socava la credibilidad de las instituciones y, de esa forma, se controla y alienta el creciente divorcio entre éstas y la población.
