Amnistía Internacional (AI) recomendó a la Cámara de Diputados aprobar la minuta del Senado con el proyecto de ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, recibida desde abril, y ‘‘reforzar urgentemente el principio’’ de que las declaraciones obtenidas mediante tortura o malos tratos sean excluidas de procesos penales.

Ayer, al presentar a la cámara el informe Sobrevivir a la muerte: tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas de México, AI consideró necesario aprobar un nuevo mecanismo para que la Secretaría de Gobernación dé seguimiento a los casos de tortura sexual contra mujeres.

La minuta fue recibida al cierre del periodo ordinario, el 29 de abril, y desde entonces está pendiente de dictamen en la Comisión de Derechos Humanos. El documento, que ya había sido presentado en junio, se entregó a la cámara por Madelaine Penman, investigadora del secretariado internacional de AI, y coordinadora del informe, en un foro convocado por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Recordó que la práctica de la tortura en México creció 600 por ciento entre 2003 y 2013, de acuerdo con el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ‘‘En un solo año hubo más de 12 mil quejas en todo el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía’’.

El reporte plantea que la cámara apruebe sin demora la minuta del Senado, y garantice que incluya al menos tres elementos adicionales, si bien reconoce que el texto de los senadores incluye avances positivos, como penalizar la tortura con arreglo a las normas internacionales, en concreto la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

También definir que sólo se acepten declaraciones y pruebas obtenidas bajo tortura únicamente contra quien la cometa, como evidencia de que ocurrió, así como garantizar que el juez las excluya.