Culiacán, Sin.

El gobernador Mario López Valdez publicó un decreto –que tenía tres años y medio archivado–, el cual estipula que los actuales magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) son ratificados por el mandatario, durarán seis años en el cargo y no podrán ser destituidos.

Representantes empresariales y partidos de oposición consideraron esta medida un blindaje similar al que aplicaron los gobernadores salientes de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; Chihuahua, César Duarte Jáquez, y Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.

Anunciaron que promoverán ante el Congreso local y la Procuraduría General de la República (PGR) que se interponga un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues dicha resolución, aseguraron, busca proteger a López Valdez de eventuales investigaciones por corrupción.

El decreto corresponde a una reforma al artículo 5 de la Ley de Justicia Administrativa de Sinaloa, aprobada por la legislatura el 18 de febrero de 2013, pero el mandatario no la había publicado en el Diario Oficial del Estado.

Los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo durarán seis años en el ejercicio de su encargo, salvo que fueran expresamente ratificados al concluir ese periodo, dice la resolución.

Dos de los tres magistrados (Lucila Ayala y Gilberto Pablo Plata Cervantes) concluyen su periodo en abril de 2017, y Jorge Antonio Camarena Ávalos, tres años más tarde.

Valeriano Suárez, vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que el decreto contraviene la Constitución y el espíritu de las reformas anticorrupción. Es anticonstitucional. El año pasado el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y queda estipulado que los magistrados de los tribunales de justicia administrativa, responsables de resolver casos de corrupción, no pueden ser ratificados ni relegidos, sino deben cumplir estrictamente el término de sus nombramientos, sostuvo.

Esta transgresión, agregó, amerita un recurso de inconstitucionalidad y la Coparmex, por conducto de su dirigencia, envió un oficio a la titular de la PGR, Arely Gómez; a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa y al Congreso estatal.

Suárez subrayó: Lo vemos con preocupación y como una amenaza al sistema local anticorrupción por casos como los de Chihuahua y Veracruz. En Sinaloa el gobernante puede dejar a los magistrados en el tribunal adonde pueden llegar los expedientes por casos de corrupción.

Lucila Ayala, magistrada del TCA, se manifestó en contra de esta medida con el argumento de que estos cambios pueden propiciar corrupción e impunidad.

Consideró que los magistrados deben concluir su periodo y ser renovados para que haya transparencia.

Da pie a corrupción y negocios desmedidos. Es peligrosísimo que los magistrados de los tribunales de lo contencioso administrativo seamos inamovibles, aseveró.

Explicó que los integrantes del TCA están expuestos a corruptelas, pues atienden casos de particulares que enfrentan a los gobiernos estatal y municipales o a los organismos descentralizados.

Imelda Castro, diputada local del Partido de la Revolución Democrática, manifestó que este decreto es una pifia de la administración de Mario López Valdez, que concluye el próximo 31 de diciembre.

No se sabe si realmente es ignorancia o una acción premeditada similar a las que pusieron en marcha los Duarte y Borge, acciones que ya han sido invalidadas por la Suprema Corte, concluyó.