Previsto como el año en el que formalmente comenzará a operar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), 2017 será también cuando una de las instancias clave en este esquema, la Secretaría de la Función Pública (SFP), ejerza el presupuesto más bajo del sexenio: mil 227 millones de pesos.

Esa partida representa una caída acumulada de 25 por ciento con respecto a 2012, último año del sexenio de Felipe Calderón, pese a la prioridad conferida por esta administración a la lucha anticorrupción.

La relevancia que el gobierno federal le ha conferido en el discurso oficial a la SFP, como uno de los puntales del SNA, no se reflejará en el plano presupuestal, ya que a lo largo de esta administración ha perdido más de 400 millones de pesos, pues en 2012 le fue asignada una partida mil 630 millones.

Más aún, ni en los años en que formalmente estuvo desahuciada de la estructura federal (2013-2014), cuando estaba condenada a su desaparición para dar paso a una fiscalía anticorrupción, los recursos ejercidos fueron tan bajos.

En este periodo, cuando la SFP sólo existía en el escenario original de Peña Nieto hasta en tanto se creara la nueva fiscalía –según el artículo transitorio que le permitió sobrevivir en la administración pública–, se le asignaron mil 392 y mil 478 millones de pesos, y como no se creó la citada fiscalía los vaivenes sexenales modificaron el entorno y se revivió a la Función Pública, ahora con mayores facultades y parte central del SNA.

La reducción presupuestal de la SFP con respecto a 2016 será de 5.3 por ciento, pues en este ejercicio fiscal tiene una partida de mil 296 millones de pesos. No es la dependencia más afectada en terminos presupuestales, pero contrasta con la ampliación de facultades y el énfasis al combate a la corrupción que se pretende dar a partir de 2017.

Dependencia transformada

En las proyecciones consideradas en las reformas legales y sus transitorios, la Secretaría de la Función Pública será una dependencia transformada, desde el nombramiento del titular, que ahora será ratificado por el Senado a propuesta presidencial.

‘‘Se busca tener una SFP que permita el adecuado engranaje entre el ejercicio de la administración pública y la transparencia y rendición de cuentas, ya que a través de ello se podrán alcanzar los objetivos de los sistemas Nacional Anticorrupción y Nacional de Fiscalización’’, se desprende de las consideraciones de la reforma legislativa.

En la lógica del lanzamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior tampoco verá reflejado el desdoblamiento de facultades en el plano presupuestal. En el diseño legal, la ASF ahora podrá realizar auditorías en tiempo real para algunos casos y fiscalizará todos los recursos que reciban los estados de la Federación.

Pese a ello, si bien el presupuesto de la Auditoría Superior no se redujo, su crecimiento no corresponde al papel que ahora jugará en la fiscalización y combate a la corrupción: en 2017 ejercerá 2 mil 275 millones de pesos, 7.3 por ciento más que los 2 mil 120 millones de este año.

A diferencia de cuando entró en vigor el Sistema Nacional de Transparencia, en 2014, cuando el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) recibió un incremento de 50 por ciento en su presupuesto, las dependencias centrales del Sistema Nacional Anticorrupción no tendrán mayores recursos para su operació