Durango, Dgo.

Este 15 de septiembre, cuando entregue la gubernatura al panista José Aispuro Torres, el priísta Jorge Herrera Caldera le heredará una deuda de 12 mil 322 millones de pesos (directa con bancos, de corto plazo y de proyectos de inversión y prestación de servicios, PIPS), de acuerdo con la cuenta pública 2015.

Según la página de la Secretaría de Finanzas del estado, la deuda directa es de 6 mil 452 millones 580 mil 840 pesos. En 2010, cuando Herrera inició su gobierno, ese rubro ascendía a 2 mil 313 millones 837 mil 348.13 pesos, lo que representa un crecimiento de 178.9 por ciento al cierre del ejercicio fiscal 2015.

Esto significa que en la administración saliente se autorizaron créditos bancarios por arriba de 4 mil 100 millones de pesos; mil 700 millones se destinaron a restructuración de adeudos y los restantes 2 mil 400 a obras públicas en el sector educativo, el hospital general de Gómez Palacio (aún en construcción), el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-5), el Circuito Periférico de Durango, la vialidad Par Norte, el puente Lasalle, en la ciudad de Durango y dos vialidades más, en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo.

Pero según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), que depende de la Cámara de Diputados federal, en el estudio Obligaciones financieras de las entidades federativas de México, al primer trimestre de 2016 la deuda pública de Durango con instituciones financieras no es de 6 mil 500 millones, sino de 7 mil 500 millones de pesos al cierre de marzo de 2016.

Detalla que esta deuda representa 3.3 por ciento del producto interno bruto del estado, o 33 por ciento del presupuesto anual. Según el estudio, la actual administración estatal elevó la deuda pública 224 por ciento en cinco años.

De acuerdo con Cristina Díaz, secretaria de Finanzas de Durango, la diferencia de casi mil millones de pesos se debe a que el CEFP toma en cuenta la deuda de los municipios.

Además, existen pasivos a corto plazo por 2 mil 504 millones 791 mil 86 pesos con acreedores, cuentas diversas e impuestos por pagar, pero que los diputados priístas locales aseguran no se contabiliza como deuda porque son de corto plazo y se pagará antes de que concluya la presente administración.

La secretaria de Finanzas ya reconoció que dejarán este pasivo a la próxima administración, con lo cual la deuda directa asciende a 8 mil 962 millones de pesos.

Hay otro rubro de pasivos que el gobierno del estado no incluyó en su informe financiero: 10 carreteras que construirá la iniciativa privada con una inversión de 4 mil millones de pesos que el estado pagaría en 20 años, según el convenio 159 aprobado por la 64 Legislatura en julio de 2008.

Cristina Díaz y los diputados priístas admiten que falta pagar 3 mil 320 millones de pesos y que en los próximos 14 años deberán abonarse 240 millones de pesos anuales; sin embargo, los legisladores de oposición aseguran que la deuda de los PIPS es mucho mayor.

Las empresas Rostec de México y Carreteras y Tecnologías en Concretos harán las 110 vías estatales, según el contrato Secope-PIPS-DC-001-09, correspondiente a la licitación número 39052002-019-08.

Ambas constructoras crearon la sociedad Decarred y vendieron la deuda a la financiera Macquarie Group, que anualmente cobra los 240 millones de pesos.