Veracruz vive una ‘‘gravísima crisis’’ de derechos humanos, donde las constantes prácticas de desaparición forzada, tortura y ejecuciones arbitrarias no son reconocidas por el estado y en consecuencia no son investigadas; los responsables permanecen impunes y las víctimas quedan sin acceso a la justicia.

En un pronunciamiento derivado de su tercer encuentro regional, representantes de más de 60 organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil veracruzana advirtieron que el ejercicio de estos derechos en el estado enfrenta una enorme dificultad desde su exigencia, garantía y realización.

De manera especial expresaron su preocupación ante el hecho de que Veracruz se ha convertido en la entidad con el mayor número de amenazas, agresiones y homicidios de periodistas y comunicadores, donde los ataques a la libertad de expresión, al acceso a la información y al ejercicio del periodismo ‘‘ya son insostenibles’’, con 19 homicidios durante la gestión del gobernador Javier Duarte.

Pero también advierten sobre los riesgos latentes que existen con los proyectos extractivistas y otras amenazas contra la tierra y el territorio. ‘‘Ser una de las entidades del país con mayor población indígena no significa que su autonomía y autodeterminación sea respetada’’, señala el pronunciamiento, resultado de dos días de reunión en Xalapa, en los que compartieron experiencias y construyeron un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en el estado.

En este sentido, se manifestaron en contra de proyectos que representan una amenaza para los bienes naturales y culturales, como el periférico Córdoba-Orizaba, en el centro del estado; la extracción y transporte de hidrocarburos, en el norte y sur de la entidad; proyectos hidroeléctricos en la cuenca de los ríos Blanco y La Antigua; los megaproyectos de minería a cielo abierto en los municipios de Actopan y Alto Lucero; el fracking en la zona norte y sur, además de concesiones mineras, gaseoductos y proyectos eólicos.

Respecto del próximo cambio de gobierno –previsto para el primero de diciembre–, señalan que no debería implicar sólo el cumplimiento de la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, sino también realizar las investigaciones necesarias para sancionar a las autoridades que han sido responsables de graves violaciones, reparar los daños a las víctimas y sobrevivientes y tomar medidas de no repetición.

Entre las organizaciones firmantes están: Red Nacional de Defensoras-Veracruz; Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz; Comunidades Eclesiales de Base Xalapa; Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental; Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio-Veracruz, y Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados.