Las marchas en defensa de la familia, el pasado 10 de septiembre en los estados, y la del próximo día 24 en la Ciudad de México, son una expresión muy preocupante de la ultraderecha, aseguró Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), quien destacó que los argumentos para convocar a esas manifestaciones están basados en mentiras.

En entrevista con La Jornada, lamentó que quienes ahora se organizan de forma virulenta contra los matrimonios igualitarios, no lo hayan hecho de la misma forma ante el abuso sexual contra niños, luego de que se destapó el escándalo de la pederastia clerical, y más aún criticó que estos grupos conservadores afines a la jerarquía católica no tomen de banderas las prioridades que ha marcado el papa Francisco.

No entendemos por qué si el Papa ha planteado mayor respeto y tolerancia (hacia la diversidad sexual), la jerarquía se empeña en tener esas reacciones tan agresivas, radicales y poco respetuosas. Quisiéramos ver a la Iglesia católica llamando a marchar para eliminar la pobreza, contra los asesinatos, desapariciones, la impunidad y la corrupcion, pero no. Seguimos viendo una obsesión con temas de moral sexual. No vemos que le tomen la palabra al Papa, quien ha dicho que la Iglesia debe ocuparse de otras cosas, de la justicia social y de los derechos humanos.

La familia de Jesús

Tras señalar que la propuesta presidencial y la del PRD hablan de matrimonio civil igualitario, y no de matrimonio religioso, y que las familias que se exponen en la Biblia son diversas, y que incluso la de Jesús no era la típica que propone esta ultraderecha aliada de la jerarquía católica (una madre adolescente con un esposo que no era el padre de Jesús), Mejía censuró que en las marchas hayan participado sacerdotes y religiosas, pues México es un Estado laico.

Sobre esto último, el doctor Jorge Carlos Adame, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM precisó que de acuerdo con la ley, obispos, sacerdotes y religiosas son ciudadanos mexicanos que tienen el derecho de manifestar públicamente sus opiniones, igual que cualquier otro ciudadano, por tanto, al participar en las movilizaciones del pasado día 10 no violaron la legislación.

Lo que la Constitución prohíbe (el artículo 130) es que hagan proselitismo electoral en favor de candidatos o partidos políticos, o que hagan oposición a las leyes por vías que no sean institucionales.