Defensores de oficio de lo familiar denunciaron una excesiva carga de trabajo que les impide atender con prontitud los casos que les asignan, a lo cual se suman bajos salarios, falta de equipo y malos tratos, por lo que exigieron la intervención del consejero jurídico capitalino, Manuel Granados Covarrubias.

En un documento dirigido al funcionario demandaron que antes de contratar 300 defensores públicos se atiendan las necesidades salariales del personal adscrito a la Defensoría, ubicada en Plaza Juárez, y “se nos deje de engañar de que no hay presupuesto para aumentar nuestras percepciones.

Se tienen cargas de trabajo indiscriminadas, excesivas e inhumanas que afectan la integridad física y sicológica de los defensores de oficio, como del personal administrativo de base y código funcional; a lo que se suma la falta de equipo para realizar nuestras tareas, insistieron.

Señalaron que además existe el incumplimiento de lo marcado en la reforma constitucional del 6 de junio de 2008 respecto a la renivelación de su sueldo respecto al Ministerio Público, por una supuesta falta de recursos, dejándonos con menos de la mitad de lo que ganan éstos últimos.

La respuesta a nuestras demandas –comentaron los trabajadores quienes pidieron el anonimato– son represalias, discriminación y prepotencia del director de la defensoría pública, Guillermo Evando Aguilar Álcantara.

Solicitaron al consejero jurídico su intervención inmediata para atender sus demandas, lo que se reflejaría en una mejor atención a la ciudadanía; recibir un trato digno y respetuoso, y que sea destituido el director de esta área.