Se requiere un presupuesto que garantice sus derechos, dice
Miércoles 5 de octubre de 2016, p. 11
Los ajustes económicos no deben representar necesariamente un menor respeto a los derechos humanos, pues llevados de manera cuidadosa se pueden crear condiciones para impulsar crecimiento económico y protección de grupos vulnerables, consideró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Al participar en la inauguración del Seminario sobre presupuesto y derechos humanos, organizado por la Coordinación de Humanidades y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el ombudsman nacional destacó la importancia de contar con un presupuesto con perspectiva de derechos humanos, donde la dignidad de la personas sea eje de la discusión, ejercicio y evaluación del gasto federal.
De esta forma, González Pérez se pronunció por que la reducción presupuestal prevista para el próximo año, y que todavía se discute en el Congreso, no afecte a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, como son las niñas, niños y adolescentes; las personas con discapacidad; las mujeres; los migrantes; las poblaciones desplazadas, y los adultos mayores, entre otros.
En el acto, si bien reconoció que en México se han realizado esfuerzos por incorporar la perspectiva de derechos humanos en la formulación, discusión, aprobación, ejercicio y evaluación del presupuesto público, dijo que todavía no existe un ejercicio de análisis que identifique, a partir de la experiencia nacional, las áreas a través de las que los recursos públicos puedan mejorar la protección de las garantías individuales.
Destacó que los derechos humanos de carácter económico, social, cultural y ambiental requieren para su satisfacción progresiva la aplicación de recursos económicos, por lo que su cumplimiento está directamente vinculado con los fondos del país y la manera en cómo éstos se programan, distribuyen y ejercen.
Es el caso, por ejemplo, del acceso a la seguridad social, a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua potable y saneamiento, a la atención de la salud, a la educación y al disfrute de un medio ambiente sano.
Dadas las condiciones económicas del país, esta problemática se refleja claramente en las estadísticas, como es el caso del aumento en el número de personas en situación de pobreza que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre 2012 y 2014 pasó de 53.3 millones a 55.3 millones.