En el caso de la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el 22 de agosto de 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también ha fallado con omisiones y acciones legales que hasta ahora siguen dificultando la investigación, el acceso a la información, a la justicia y al derecho que tiene la sociedad de conocer la verdad.

La recomendación 80/2013 de este organismo nacional no sólo se emitió de manera tardía tres años después de los hechos –el 23 de diciembre de 2013–, sino que ahora, a más de dos años de la reapertura de la investigación, los hechos no han sido aún reclasificados como ‘‘violaciones graves a los derechos humanos’’, y no existe información sobre lo que haya sucedido en este nuevo proceso de pesquisas.

En el informe En el desamparo. Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila, (2011), elaborado por El Colegio de México (Colmex), se señala que la CNDH continúa litigando contra los familiares de las víctimas en los tribunales, sin darles acceso completo a la investigación, tal como lo hace la Procuraduría General de la República (PGR).

Además, sostiene que para su recomendación la CNDH, la cual todavía estaba bajo la presidencia de Raúl Plascencia, ‘‘no investigó a fondo ni se pronunció respecto a la masacre de las 72 personas migrantes; no señaló si se había violado el derecho a la vida, ni si el Estado estaba involucrado por acción y/u omisión’’. Incluso, el reporte destaca el contrasentido de que la comisión no entró en ningún momento en contacto con las familias de las 72 víctimas que perdieron la vida, sino que para la recomendación se basó esencialmente en la poca información oficial recibida, pues la PGR se ha negado sistemáticamente a dar acceso al expediente bajo múltiples argucias legales.

Cita que la CNDH se centró en analizar si las autoridades involucradas cumplieron o no con los procedimientos adecuados en materia de identificación, manejo y conservación de cadáveres, así como sobre procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, y durante esa gestión dieron inexplicablemente por ‘‘cumplidas’’ la gran mayoría de las observaciones.

Pero también advierte que de poco han servido las reuniones que la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) ha sostenido con Luis Raúl González Pérez, actual presidente de la CNDH; tampoco ha habido acercamiento con los familiares de las víctimas, nada se sabe del nuevo expediente iniciado por la sexta visitaduría y el organismo nacional continúa sus litigios en los tribunales contra las víctimas.

La matanza de San Fernando, en contra de migrantes de Centro y Sudamérica, la ejecutaron integrantes de Los Zetas, en medio de las versiones de que el cártel del Golfo, estuviera reclutando en sus filas a personas centroamericanas. Los hechos se dieron a conocer de manera fortuita por dos de los sobrevivientes, quienes pidieron ayuda a los elementos de la Marina.