Mexicali, BC.

En Tijuana se vive otra realidad en la migración que solicita asilo político a Estados Unidos: las miles de familias mexicanas que huyen de la violencia de sus regiones, y cientos de ellas, al igual que haitianos y africanos, permanecen varadas en esta frontera.

Siete de cada 10 de estos connacionales provienen principalmente de Guerrero y Michoacán; el resto, de comunidades de Veracruz, Chiapas, Puebla y Jalisco, señala José Moreno Mena, coordinador de la Coalición Pro Defensa del Migrante.

Para el activista, desde 2013 se produjo un incremento de mexicanos que llegaron a Baja California debido al desplazamiento forzado por la violencia en sus lugares de origen, lo que ha significado que en ese tiempo 3 mil ciudadanos, incluidos mujeres y niños, hayan pedido asilo al gobierno de Estados Unidos por la garitas de Calexico y San Ysidro, California.

A 67 por ciento de estos peticionarios les fue negada la entrevista y el inicio del procedimiento de internación por no acreditar su condición de peligro. Sólo 33 por ciento lograron que les recibieran los documentos a condición de permanecer encerrados seis meses en las estaciones migratorias de Los Ángeles y Chicago, en espera de respuesta a su petición.

De este porcentaje, sólo 2 por ciento pasan a una segunda fase, que consiste en presentarse ante un juez, y de éstos acaso la mitad obtienen el asilo tras un proceso muy largo, donde tienen que demostrar el factor de riesgo en su comunidad de origen.

‘‘México no es un Estado prioritario para Estados Unidos en materia de migración’’, señala Moreno Menas. Explica que los mexicanos en Tijuana permanecen en refugios administrados por organizaciones no gubernamentales –la mayoría en el albergue Madre Assunta–, mientras esperan respuesta a sus peticiones.

‘‘Prácticamente todos los migrantes mexicanos que piden asilo son rechazados’’; 90 por ciento de ellos son deportados tras permanecer medio año encerrados junto a migrantes de otras nacionalidades.

‘‘El proceso para que les otorguen el asilo político es muy complejo, porque piden demasiadas evidencias de que están siendo amenazados o perseguidos y los desplazados no tienen testigos y casi nada de documentación’’, dijo Moreno Mena.

Los mexicanos, comentó, creen que es suficiente una carta que llevan para acreditar los requisitos de refugiados, en la que se advierte que son perseguidos por el crimen organizado. Esos documentos cuentan con firma y sello de alcaldes, regidores, comisarios ejidales, del Centro de Atención del Migrante de Michoacán y hasta de despachos jurídicos.

El coordinador de la coalición, que agrupa a más de 20 organizaciones defensoras de derechos humanos del migrante en Tijuana y Mexicali, señaló que desde hace tres años se divulgó un rumor entre habitantes de comunidades acechadas por el crimen organizado y el abandono gubernamental sobre una supuesta política humanitaria del gobierno estadunidense que permitiría el ingreso legal a mexicanos que estuvieran en condiciones vulnerables debido a la delincuencia de sus ciudades.

‘‘Al inicio, en Tijuana comenzaron a pedir refugio 20 personas por mes, pero de 2013 a la fecha ya van más de 3 mil porque consideran segura a esta ciudad fronteriza, por encima de Mexicali’’, explicó, y reveló que las familias viajan por separado: por un lado la mamá y los niños salen antes de sus lugares de origen y después lo hace el padre, ya que tienen miedo de las bandas de asaltantes y secuestradores que vigilan los movimientos de sus comunidades.