En los pasados 15 años se han registrado cuatro casos de impartidores de justicia que han sido asesinados presuntamente por integrantes del crimen organizado; el más reciente ocurrió el pasado lunes 17 en el municipio de Metepec, estado de México, cuando un hombre disparó en contra del juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías.

Doble homicidio

En 2001, dos magistrados fueron ejecutados en Mazatlán, Sinaloa; uno de los casos relevantes que había pasado por sus manos fue una solicitud de amparo que se negó a Francisco Arellano Félix, uno de los jefes del entonces llamado cártel del Pacífico, o de los hermanos Arellano Félix.

En las investigaciones –en las que nunca se detuvo a los homicidas– se llegó a considerar que ese caso pudo estar relacionado con resoluciones emitidas en el estado de Tamaulipas, en las que estuvieron involucrados miembros del cártel del Golfo.

Los magistrados Jesús Alberto Ayala Montenegro y Benito Andrade Ibarra fueron asesinados cuando se preparaban para asistir a un partido de beisbol en ese puerto sinoaloense.

Andrade Ibarra era el titular del primer tribunal unitario y Ayala Montenegro formaba parte del segundo tribunal colegiado; ambos pertenecían al décimosegundo circuito del Poder Judicial de la Federación.

En agosto de 2006, el juez cuarto de distrito en materia penal federal del estado de México, René Hilario Nieto Contreras, fue ejecutado en la ciudad de Toluca, minutos después de abandonar el Palacio Judicial Federal, instancia donde se desahoga la mayoría de los juicios de internos del Centro Federal Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano.

El juez recibió un impacto de bala en la cabeza que le quitó la vida de manera instantánea; tres balazos se alojaron en la carrocería del auto en que viajaba y uno más se incrustó en el brazo derecho de la secretaria del juez, Ericka Navarrete Hernández.

El caso, consideró la Procuraduría General de la República, fue obra de sicarios al servicio de Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo.