Ayer se pospuso la aprobación del dictamen de la ley general de víctimas, a petición del PRD, con el propósito de analizar los cambios propuestos por un centenar de organizaciones sociales que exigen otorgar autonomía real al organismo rector, eliminar la junta de gobierno y destinarle presupuesto para 2017, ya que no se prevé asignar recursos al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, con el argumento de que hay más de mil 500 millones de pesos que no se han ejercido.

Los presidentes de las comisiones de Gobernación, Cristina Díaz; de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz; de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, y de Justicia, Fernando Yunes, tenían todo listo para aprobar el dictamen, pero el perredista Armando Ríos Piter pidió analizar los siete puntos irreductibles que presentaron el lunes por la noche colectivos de víctimas por medio de Javier Sicilia, quien encabeza el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Las organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (que preside el sacerdote Miguel Concha) y Católicas por el Derecho a Decidir, así como la Universidad Iberoamericana de Puebla, consideran que los cambios propuestos en el dictamen son un retroceso, ya que insisten en incluir los mismos puntos que pretendía imponer el entonces presidente Felipe Calderón, quien vetó la ley y presentó una controversia constitucional.

Ayer por la mañana, al empezar la reunión de comisiones, el perredista Ríos Piter propuso declarar un receso para revisar a fondo el dictamen. Por ejemplo, no veo las propuestas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que presentó en nombre de diversas organizaciones civiles Javier Sicilia y que son parte fundamental.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, la priísta Cristina Díaz, explicó que el último proyecto de dictamen circuló hace ocho días y ayer se hicieron los últimos cuatro cambios: uno, junta de gobierno; delimitación de los recursos y dos transitorios.

El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Fernando Yunes, dijo que el tema no es si una organización está de acuerdo y otra no, o si otra está más o menos de acuerdo. La realidad es que tenemos 2 mil millones de pesos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pero los comisionados no los han podido utilizar para apoyar a las personas afectadas.

Se acordó un receso de tres horas, pero al final los senadores decidieron retomar el tema hasta el próximo lunes.

Por la noche, al reunirse con Ariel Dulitzky, integrante del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, Angélica de la Peña aseveró: todo parece indicar que vamos a dejar la ley general de víctimas como está hoy, sin cambios, y agregó: ¡ya basta!, si no quieren que se reforme la ley de víctimas, que se queden con su crisis.

Por otra parte, las comisiones unidas de Trata de Personas, Derechos Humanos y de Justicia aprobaron devolver a la Cámara de Diputados la minuta de la Ley General de Trata de Personas, aceptando el Senado 22 de las 47 modificaciones que le hicieron a la minuta, pero los senadores mantenemos la redacción original en 20 artículos, que son los tipos penales. Este jueves se votará el dictamen en el pleno y se enviará a la colegisladora.