Integrantes de organizaciones sociales y colectivos en defensa de los derechos humanos insistirán este lunes en el Senado en que se modifique el proyecto de reformas a la Ley General de Víctimas (LGV) que impulsan los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), el cual consideran un retroceso, pues incluye propuestas que en su tiempo intentó imponer el ex presidente Felipe Calderón.

La fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) adelantó que votará en contra si la iniciativa no es cambiada según nueve puntos presentados por un centenar de organizaciones.

Representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza Javier Sicilia; del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, del sacerdote Miguel Concha, y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos se reunirán mañana lunes con los integrantes de las comisiones dictaminadoras y refrendarán sus puntos irreductibles.

Uno de éstos es que se elimine del proyecto la pretensión de instaurar una junta de gobierno a cargo del secretario de Gobernación, en la que participarán otros funcionarios y que habrá de regir en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

En reuniones previas con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, los representantes de las organizaciones señalaron que en el tramo final del sexenio de Calderón dieron una fuerte batalla contra la introducción de esa junta de gobierno en la CEAV, por lo que el ex presidente vetó la ley y presentó incluso una controversia constitucional.

El senador Armando Ríos Piter adelantó que su partido, el PRD, votará en contra si el dictamen de la LGV no incluye los legítimos reclamos de las ONG y colectivos de víctimas. Recordó que un año antes de que Calderón dejara la Presidencia, hubo una amplísima movilización social en protesta por los más de 100 mil muertos que heredaba, problema que se repite en el gobierno actual.

Se trata, insistió, de un problema latente y que no puede resolverse con una ley burocrática. Recalcó que sería un error que el PRI y el PAN impusieran su mayoría y aprobaran reformas sin el aval del importante conglomerado de actores que fueron los padres de este proyecto legislativo.

Ríos Piter sostuvo que no sólo debe cambiarse la pretensión de dejar sin presupuesto a la CEAV el próximo año y de crear una junta de gobierno, sino también de dejarla sin autonomía real.

En el documento que las organizaciones sociales hicieron llegar a las comisiones dictaminadoras se señala que, de acuerdo con principios internacionales, las comisiones de derechos humanos, como la CEAV, deben tener autonomía de gestión, por lo que no se puede proponer que el titular de ese organismo sea designado por el presidente de la República y sus directrices sean definidas por funcionarios del gobierno federal.

Su propuesta es que el mecanismo para nombrar al presidente de la CEAV sea similar al de la CNDH, es decir, una terna propuesta por organizaciones de víctimas y elegido entre ellos por el Senado.