Colectivos y organizaciones de la sociedad civil han llamado a los senadores a considerar su participación en la iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas y entre sus críticas han señalado que no se asigne un presupuesto fijo al fondo de víctimas.

En un comunicado, demandaron que la dotación presupuestaria al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que proviene del Presupuesto de Egresos de la Federación, se conserve fija con el monto mínimo equivalente a 0.014 por ciento del gasto programable, sin condicionar ni reducir su entrega por el Ejecutivo.

Además de exigir autonomía plena para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y rechazar que el Ejecutivo designe en forma directa a su titular, incluso con ratificación senatorial, se han pronunciado por la adopción de un mecanismo de designación semejante al de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con un ejercicio de consulta amplia, plural y abierta a las víctimas sobre los perfiles que se estimen idóneos para el cargo.

Asimismo llamaron a reconocer el desplazamiento interno forzado en la ley como hecho victimizante, pues según el primer informe especial que la CNDH presentó en mayo pasado, en el país al menos 35 mil 400 personas han sufrido este fenómeno y carecen de reconocimiento, protección y atención.

Asimismo, piden que la ley considere el derecho de las víctimas a designar peritos independientes, nacionales y/o internacionales, así como su plena efectividad procesal.

También, dejar señalado que cada año se destinará una cantidad importante de recursos para costear los servicios de peritos que pudieran requerir las víctimas, así como para la realización de peritajes independientes y el uso de material, instrumental y laboratorios.